Legalización de la represión a la protesta y movimientos sociales en América Latina

Resumen

Si bien cada país latinoamericano tiene su historia y proceso independiente, existen unas  características comunes y compartidas en estos países: la existencia de estructuras de poder concentradas y sistemas sociales desiguales y jerarquizados. Desde la lucha de clases, la defensa de los derechos humanos, las protestas estudiantiles, obreras, campesinas y urbanas, el acceso a la tierra, la calidad de vida, los movimientos indígenas, entre muchas otras demandas de la población, han sido objeto de reclamación de derechos hacia los Estados, y en consecuencia han desencadenado la ejecución de protestas y manifestaciones sociales  que tienen como objetivo demostrar el descontento por las necesidades básicas insatisfechas y el deterioro real de los derechos de los cuales los Estados deberían ser garante.

Aunque el derecho a la protesta social se encuentra bien reconocido constitucional e internacionalmente, los gobiernos han venido implementando cada vez con mayor fuerza, medidas que han limitado este derecho, restringiéndolo y logrando silenciar las exigencias de la población, evitando así que se vea afectada su legitimidad, violando flagrantemente la participación de movimientos que defienden, amplían y redefinen los derechos y hacen efectiva la democracia. En ese contexto, este artículo se propone documentar las prácticas restrictivas de algunos países latinoamericanos respecto a la criminalización de la protesta social, las cuales no permiten el goce efectivo de este derecho y en consecuencia socavan la efectividad de otros derechos fundamentales, en vista de lo cual, finalmente se evaluarán algunas propuestas acerca de algunas prácticas esenciales para que se desarrolle a plenitud el derecho a la protesta.