Para cumplir con el objetivo la investigación se presenta en tres partes, en Liberalizaciones de pluralismo limitado se analiza como desde las primeras experiencias de liberación política en Perú y Colombia estas fueron limitadas y tuteladas, apelando recurrentemente a la violencia para impedir una mayor democratización; luego en Perú: alternancia presidencial y continuidad de agenda programática se caracteriza la continuidad de agenda programática que se ha mantenido en el país independientemente de los gobiernos gracias a un conjunto de instrumentos que ha utilizado la derecha que va desde el uso de la fuerza hasta el control de la tecnocracia, teniendo su principal punto de articulación con la administración de Alberto Fujimori, y finalmente en Colombia: violencia y formalidad democrática se analizan las continuidades e interrelaciones entre violencia y democracia, y como en contextos de violencia generalizada los temas de seguridad pasan a ser prácticamente exclusivos en las prioridades políticas del país lo que favorece a los actores de derecha.

Liberalizaciones de pluralismo limitado

Como advierte Bobbio (1989) el pluralismo es una característica fundamental de la democracia, y la calidad de esta está asociada a la capacidad efectiva que tengan los partidos políticos de diversas tendencias ideológicas de llegar al poder. Por su parte, Touraine (1995) señala que la democracia en su rol mediador entre Estado y sociedad civil debe acoger los intereses plurales de los distintos actores de la sociedad. Y para Pasquino (1999) la democracia es un régimen competitivo y plural capaz de empoderar a los ciudadanos, y es la pluralidad junto a la rotación de la clase política y la alternancia de los representantes políticos en el poder, la que define la calidad de la democracia.

Así, la pluralidad y sus momentos fundacionales son elementos significativos para entender a la calidad de la democracia y a la evolución de los sistemas políticos en general. Como se argumenta seguido, la liberalización política de Colombia y Perú se caracterizaron por un pluralismo limitado.

Colombia es uno de los países de América Latina con procesos de liberación política más temprano, pertenece a la primera ola de democratización y su proceso de liberalización política formal se puede fechar desde 1910 con la dimisión del General Reyes, el implícito armisticio entre los partidos políticos Liberales y Conservadores, y las reformas constitucionales que incorporaron la representación de las minorías en el parlamento. Colombia tiene un ya largo período de continuidad democrática electoral sin quiebres, sólo superado en la región por Costa Rica.

En Colombia durante la primera mitad del siglo XX se pueden identificar dos sub períodos, la hegemonía Conservadora desde 1910 hasta 1930 y la República Liberal desde 1930 hasta 1946. Ambos períodos se caracterizaron por un fuerte bipartidismo, el de Liberales y Conservadores es de los más institucionalizados y antiguos del mundo ya que data desde 1850, la división del cuerpo social en dos subculturas con identidades colectivas separadas, que se construyeron con redes políticas y clientelares y extendieron la política a las regiones más apartadas del país, lo que constituyó una de las politizaciones generalizadas más temprana de toda América Latina. La dinámica de este bipartidismo en los primeros años se caracterizó por el caudillismo y el gamonalismo de tipo regional reforzado por la particular geografía que mantenía a las regiones claramente diferenciadas y aisladas entre sí, la convivencia de elecciones con asesinatos de candidatos, libertad formal de prensa con asesinatos de periodistas y profesores, garantías constitucionales para la oposición y las minorías con sistemáticos asesinatos a líderes de la oposición, gobierno civilista con amplia autonomía de los militares (Mainwaring y Scully, 1995; Halperin, 1996; Miranda, 2017; Bejarano y Pizarro, 2005; Smith, 2005; Wills, 2002; Vargas, 2011).

Esta ha sido una de las continuidades históricas del sistema político colombiano, democrático en lo formal y violento de facto. Si aceptamos las elecciones libres y competitivas como criterio mínimo de democracia advertimos que las elecciones no han cumplido estas cualidades a nivel nacional y mucho menos a nivel local, debido a los continuos asesinatos y amenazas a líderes políticos y periodistas.

A diferencia de Colombia, los partidos oligárquicos en Perú nunca lograron un control del sistema político y su extensión nacional fue muy reducida, tampoco tuvieron continuidad ya que fueron interrumpidos por la guerra.

El primer partido político del Perú fue el Partido Civil el cual estuvo liderado por Manuel Pardo y aglutinó a la emergente burguesía costeña dedicada a la extracción del guano. Pardo con el Partido Civil ganó las elecciones en 1872 siendo el primer presidente civil constitucional de la historia Republicana del país, pero el gobierno civil fue interrumpido por la Guerra del Guano y del Salitre (o Guerra del Pacífico) en 1879. Esta guerra dejó al Perú con su territorio reducido y su economía colapsada, y permitió que los militares regresaran al poder hasta la Guerra Civil de 1894 que dio paso a la presidencia de Nicolás de Piérola y a la República Aristocrática, la cual se caracterizó por una lucha entre los partidos oligárquicos, donde la competencia fue mínima y la mayoría de la población fue excluida de la política y del sufragio (Tuesta, 2005; Alcántara, 1989).

No es hasta los años de 1920, durante los once años del segundo mandato de Augusto Leguía, cuando emergieron en Perú los primeros partidos de masa y anti oligárquicos, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en el contexto de la crisis de los años 1930, logró incorporar a las masas en la política. En las elecciones de 1931 la oligarquía no pudo organizar un partido político por lo que apoyó al oficial Luis Sánchez Cerro, quien ganó en medio de denuncias de fraudes y fue asesinado en 1933; en este año se declaró el estado de emergencia del país y el general Oscar Benavides tomó el poder. El general Benavides permitió elecciones presidenciales y ganó el candidato oficialista Manuel Prado y Ugarteche y luego en las siguientes elecciones ganó José Luis Bustamante y Rivero pero no pudo terminar su mandato al ser derrocado por un golpe de Estado e instaurada una junta militar, hasta las elecciones presidenciales de 1950 cuando ganó las elecciones como candidato único Manuel Odría, líder del golpe de Estado contra Bustamante y Rivero y quién fue durante la guerra peruano-ecuatoriana de 1941 jefe del Estado mayor de la división del Norte, el cual participo directamente en el combate. Odría en medio de conflictos internos y deterioro físico llamó a elecciones en 1956 y ganó la presidencia Manuel Prado (Tuesta, 2005; Roncagliolo, 1980; Alcántara, 1989).

Así pues, como se puede observar, mientras que en Colombia se logró un orden político que incorporó a las masas a la política pero de una forma subordinada e impidió que sus demandas se articularan en un partido de masas, en Perú sí se formaron partidos políticos de masas con agendas programáticas progresivas, pero los militares y sus guerras, y las alianzas entre militares y la oligarquía que mantuvieron cerrado el sistema electoral y reprimieron a la población, impidieron que pudieran llegaran al poder. Desde el inicio de las liberalizaciones políticas en Colombia y en Perú las masas y sus agendas reivindicativas estuvieron bloqueadas para alcanzar la presidencia.

En Colombia, en una primera instancia, Liberales y Conservadores fueron expresiones reales de clivajes políticos y socioeconómicos. Los liberales se distinguieron por sus adeptos populares, los sectores urbanos, especialmente la comunidad afrocolombiana, en las zonas calientes y de vertiente, las élites financieras e industriales, comerciantes, profesionales urbanos, artesanos y campesinos independientes, la burguesía; mientras que los conservadores obtuvieron el apoyo de los sectores agrarios, especialmente los grandes terratenientes, en los sectores más conservadores católicos, en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Aunque hay que advertir que también se encuentran algunas discontinuidades que hacen borroso este clivaje, como en 1943 cuando las élites de ambos partidos se aliaron para frenar las reformas económicas y sociales de la República Liberal. Así pues, el cuerpo social quedó dividido entre estas dos subculturas con sus contenidos de identidades colectivas sin dejar lugar para una imagen de Nación unificada, y la autonomía de los partidos políticos tampoco dejó lugar para un Estado independiente. Los partidos políticos han estado más cercanos al gobierno que a la sociedad civil, más que representantes fueron legitimadores del status quo político (Sanders, 2004; Pécaut, 1991; Touraine, 1989).

Aunque se pueden identificar estas diferencias identitarias se debe advertir que el carácter oligárquico de ambos partidos, impidieron que estos clivajes se transformaran realmente en agendas de política diferenciadas, siendo la principal preocupación de los partidos no la operatividad de un conjunto de políticas en base a una ideología, sino llegar y mantenerse en el gobierno.

En el Perú, como señalamos, se presentó una importante y temprana oportunidad de alternancia programática y democratización política y social en la década de 1920 con la formación del APRA y otros como el Partido Comunista Peruano fundado por José Carlos Mariátegui en 1928 con el nombre de Partido Socialista Peruano, pero al ser instaurado los regímenes militares los partidos políticos fueron prohibidos y sus líderes perseguidos, encarcelados o exiliados. Los derechos civiles y polí ticos fueron recurrentemente violados.

El APRA, desde la clandestinidad, logro mantener su simpatía en los sectores populares, pasó de una reducida extensión nacional concentrando su fuerza primordialmente en el Norte del país a una presencia nacional. Luego fue reincorporado a la vida política legal pero debió realizar un viraje doctrinario, donde el principal objetivo fue la reconciliación nacional, a cambio de abandonar su agenda programática reformista y alinearse con los intereses de la oligarquía (Tuesta, 2005; Alcántara, 1989).

El APRA es el partido político más importante de la historia del Perú, nació como una opción revolucionaria no comunista, su fundador e ideólogo Víctor Raúl Haya de la Torre propugnaba la instauración de un régimen revolucionario, apoyado en la clase obrera y el campesinado, unidos bajo la tutela política e ideológica de las clases medias, un Estado antiimperialista que redefiniera la relación de desigualdad de América Latina con los países hegemónicos. Durante el período de ilegalidad, apoyaron a varios candidatos que lograron alcanzar la presidencia, e incluso en 1945 reconstituidos legalmente como Partido del Pueblo dominaron el congreso, lo que hizo que los sectores de oposición presionaran más para su ilegalización, la cual se llevaría a cabo no sin antes promover una tentativa insurreccional que se resolvería desfavorablemente para los intereses del aprismo en la lucha del Callao. Luego del giro táctico e ideológico de la convivencia de 1956 el APRA perdió simpatizantes quedando reducida su fortaleza de nuevo al Norte. Haya de la Torre se presentó a las elecciones de 1962 y fue el candidato más votado pero no obtuvo la mayoría absoluta por lo que la elección se debía resolver en el congreso, pero esta fue impedida por otro golpe de Estado. Luego Haya de la Torre se preparaba para las elecciones presidenciales de 1969 y se perfilaba como ganador con una amplia diferencia, pero el golpe de Estado de Velasco impidió las elecciones. Finalmente Haya de la Torre fallece en 1979, antes de las elecciones presidenciales de 1980 (Halperin, 1996; Tuesta, 2005).

Haya de la Torre fundó el partido político más importante de la historia del Perú, pero no logró llegar a la presidencia. La alternancia que planteaba la llegada a la presidencia del APRA de Haya de la Torre fue truncada por la ilegalización y la fuerza militar, y cuando pudo competir electoralmente esta competencia no fue libre, ya que estuvo condicionada al abandono de la agenda programática.

Por su parte, en Colombia se dio uno de los más violentos bloqueos a la alternancia programática con el asesi nato de Jorge Eliécer Gaitán.

Durante la década de 1940 se produjeron un conjunto de manifestaciones en repudio al estado del sistema político y este malestar fue canalizado por la candidatura presidencial del liberal Jorge Eliécer Gaitán quien se presentó como un oportunidad real de alternancia programática, con un discurso popular, de reivindicaciones socioeconómicas, criticó a la forma tradicional de hacer política pero no antisistema, con ideología moralizante que apelaba a la unidad y a la integración nacional. Gaitán, profesor y Rector universitario y ex alcalde de Bogotá, perteneció al partido Liberal pero tuvo una militancia indisciplinada, y forzó un moderado desplazamiento de su partido hacia la izquierda. Fundador en 1934 de la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, defensor de movimientos populares como el de los obreros de la United Food, propuso programa de integración social con leyes sociales (Halperin, 1996; Touraine, 1989; Smith, 2005; Wills, 2002).

Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 generando fuertes disturbios conocidos como el Bogotazo y dando inicio al periodo conocido como la Violencia, una guerra civil no declarada y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.

Así pues, se pueden observar desde la primera mitad del siglo XX expresiones sociales articuladas en demandas políticas democráticas que exigían cambios democratizadores y alternancia de agendas programáticas, pero estas reivindicaciones y demandas políticas fueron impedidas con la recurrencia de la violencia.

Finalmente el período de la Violencia culminó con el acuerdo del Frente Nacional el cual fue aprobado por plebiscito nacional con el 94.8 por ciento de los votantes. El acuerdo consistió en el establecimiento de un sistema de paridad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno; competencia limitada y exclusiva de los dos partidos; Congreso dividido exactamente a la mitad y el establecimiento de un quórum mayoritario de dos tercios de los votos para aprobar leyes. Los acuerdos políticos entre las élites es una de las principales continuidades de la historia de Colombia, a diferencia de los otros países de la región donde el arbitraje militar ha sido recurrente, la multitud de pactos políticos han garantizado la permanencia de las instituciones civiles y la continuidad del sistema bipartidista, gobiernos civiles con altos niveles de violencia (Pizarro, 1992; Bejarano y Pizarro, 2005; Botero, Hoskin y Pachón, 2010; Jaramillo y Franco-Cuervo, 2005).

El Frente Nacional consiguió detener la violencia sistemática y la militarización del conflicto político entre liberales y conservadores, y con ello dio un mínimo de orden político, lo que es el objetivo mínimo de toda organización política. El acuerdo cumplió con su objetivo de paz y orden pero impidió otros avances como la democratización, limitó la competencia entre partido y la deslegitimación del sistema de partidos políticos, expresado, entre otros factores, en el alto abstencionismo. La competencia se dio especialmente a lo interno de los partidos, pero al no ser visible frente al público no puede ser considerada democrática, y más aún cuando esta competencia no tenía como centro de debate una diferencia programática.

El duopolio Liberal-Conservador, sus fracciones y caudillos, impidieron toda posibilidad de emergencia de otros actores políticos democráticos. Y la relación entre élites partidarias y sociedad estuvo mediada por las redes clientelares, quedando truncada la representación y la autonomía de la participación.

Así las primeras experiencias de liberalización política de Colombia y Perú se caracterizaron por un pluralismo limitado, se impidió a través de la violencia sistemática que las propuestas de agendas programáticas de izquierdas o progresistas se convirtieran en gobierno, y la apertura política fue dirigida y controlada de forma vertical de arriba hacia abajo, por los partidos políticos en Colombia y por las Fuerzas Armadas en Perú.

Perú: alternancia presidencial y continuidad de agenda programática

Fernando Belaúnde Terry con el apoyo de su partido Acción Popular de perfil reformista, fue electo como presidente en 1963 en una transferencia de poder de los militares a los civiles, en medio de profundos cambios sociales.

Para la fecha, Perú dejaba de ser un país agroexportador para pasar a tener un relativo crecimiento industrial, los hacendados perdieron poder y se formó una burguesía incipiente. Las masas campesinas, el movimiento obrero surgido del proceso de industrialización, las clases bajas que migraron a las ciudades y se encontraban desempleadas y las nuevas organizaciones partidarias, comenzaron a tener mayores demandas, desarticuladas e inexperimentadas, pero cada vez más radicales e inspiradas en la revolución cubana. Belaúnde no pudo dar respuestas a todas estas exigencias, el Estado siguió debilitándose, dejó pendiente temas trascendentales como la reforma agraria y no impulsó a las capas medias en su ascenso hacia su conversión en burguesía nacional (Cotler, 1988; Ballón, 1989; Tuesta, 2005; Moncloa, 1982).

Esta va a ser una continuidad fundamental en la historia política peruana, la incapacidad de aplicar agendas programáticas progresistas en contextos democráticos. Sin importar las agendas programáticas de candidaturas, ni los sectores o partidos de apoyo para llegar a la presidencia, las políticas gubernamentales de los gobiernos democráticos no han buscado afectar las estructuras socioeconómicas fundamentales.

En este contexto se dio otro golpe de Estado liderado por el nacionalista y popular Juan Velasco Alvarado, contando con una alta simpatía ciudadana.

El gobierno de Velasco es el más importante ejemplo en la región de un régimen militar de orientación nacional popular. En su administración los tres temas centrales del Estado nacional popular estuvieron en el centro de la política: la integración nacional por el desarrollo económico, la lucha contra la dominación extranjera y la participación popular. Velasco llevó a cabo la reforma agraria más amplia de América Latina, destruyó el poder de la oligarquía y reivindicó al cholo. Sin embargo, el carácter autoritario del régimen buscó imponer su agenda sin consultar a la sociedad en general y limitó severamente las libertades civiles y políticas, lo que generó la reducción de su popularidad y el descrédito del régimen, el aislamiento y el cierre de los canales políticos, y la emergencia de una amplia y heterogénea oposición (Touraine, 1989; Cotler, 1988; Ballón, 1989).

Si bien el gobierno de Velasco fue progresista en lo social fue retrógrado en lo político, por lo que incluso los progresos quedaron limitados ya que el ciudadano ganó autonomía socioeconómica pero siguió dependiendo del gobierno.

En este escenario y en medio de una crisis económica, los comandantes de las regiones militares depusieron a Velasco y nombraron al general Francisco Morales Bermúdez como presidente del régimen.

Durante la dictadura de Morales Bermúdez se agudizaron todos estos problemas derivando en una huelga general que obligó a llamar elecciones en 1977 y ya para 1978 comenzó un proceso de transición con él denominado Plan de Transferencia Política, que con una asamblea constituyente electa redactó la constitución de 1979 que significó el primer esfuerzo para dar bases a un sistema político moderno y que pasó a regir la vida institucional del país (Cotler, 1988; Ballón, 1989; Levitsky y Way, 2005).

Finalmente Morales Bermúdez se retiró de la presidencia en 1980. Hasta aquí se sucedieron gobiernos militares y civiles, los militares con la excusa de guardar el orden y la estabilidad del Estado detentaron un poder omnipresente y tutelaron los incipientes gobiernos civiles y cuando los consideraron incapaces los derrocaron, los partidos políticos no lograron canalizar las demandas de la sociedad, el Estado oligárquico estuvo muy lejos de la sociedad civil, la distancia entre las demandas sociales y las políticas gubernamentales fueron insalvables.

Durante la década de 1980 se sucedieron las administraciones de Fernando Belaúnde Terry y Alan García, por primera vez en la historia del país los principales actores políticos estaban comprometidos con la democracia y se permitió la votación de los ciudadanos iletrados, se amplió el espectro de los partidos políticos e incluso se polarizó, incluyendo a tres bloques políticos: la Izquierda Unida, el APRA ahora en el centro, y en la derecha el Partido Popular Cristiano y Acción Popular; la sociedad civil tuvo un mayor dinamismo y generó significativos vínculos con los partidos políticos, sin embargo todo esto se dio en un contexto de caída del PIB y de hiperinflación, con un aumento de la confrontación con Sendero Luminoso (Tanaka, 2005; Jaramillo y Franco-Cuervo, 2005).

Con Alan García el APRA llegó por primera vez en la historia a la presidencia. Para este momento el APRA tenía muy poco en común con la agenda programática original, García al llegar a la administración presidencial adelantó políticas progresistas como el aumento del salario y promovió una rápida expansión de la producción y el consumo, alcanzando una popularidad no conocida anteriormente por ningún presidente del país. Por otra parte, su administración tuvo que enfrentar la alianza entre los movimientos empresariales y el bloque de derecha que fueron especialmente eficientes para bloquear las propuestas de reformas, también afrontó una masacre en una cárcel de Lima que cuestionó su apego a la defensa de los derechos humanos, el fracaso de las negociaciones con los jefes guerrilleros, nuevos focos senderistas que emergieron desde el centro norte serrano hasta el linde con Bolivia, y la emergencia del movimiento, si cabe aún más virulento, Túpac Amaru (Tanaka, 2008; Tanaka, 2005; Halperin, 1996; Close, 2012).

Durante la década de 1980 el principal reto al cual tuvo que hacer frente el gobierno peruano fue al auge de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso nació en la década de 1970 en Ayacucho como una facción maoísta que se separó del Partido Comunista, conformado por militantes revolucionarios armados y campesinos que volvieron desde las universidades provinciales a su regiones como militantes políticos, en un movimiento de acción violenta que eliminó toda posibilidad de negociación, no ejerció presión sobre el sistema político sino que entró en guerra contra el sistema social y tuvo como único objetivo su destrucción, ya que lo consideró como un instrumento al servicio de la dominación de intereses imperialistas y antipopulares. No se trató de reivindicaciones sociales sino de militantes movilizados en defensa de territorios liberados, y al pasar de la década intensificaron sus acciones terroristas y ampliaron sus zonas de operaciones (Touraine, 1989; Smith, 2005).

En este contexto de crisis económica y violencia fue electo Alberto Fujimori quien se presentó con un discurso antisistema y populista, sin partido ni agenda programática, sin experiencia política previa, contrario a las propuestas neoliberales del candidato que se perfilaba como favorito, Mario Vargas Llosa.

Fujimori ganó las elecciones presidenciales teniendo como principales soportes organizativos a un grupo de empresarios y a las iglesias evangélicas, con 62.2 por ciento de los votos sobre el candidato de derecha y también outsider Vargas Llosa que obtuvo 37.6 por ciento de los votos. La administración de Fujimori se caracterizó por ser autoritaria, personalista, sectaria, corrupta y por aplicar las políticas neoliberales que había rechazado durante su candidatura. Sin embargo, rápidamente luego de su elección como presidente logró controlar el proceso de hiperinflación que sufría el país con estrictas medidas de ajustes (aunque aumentando el desempleo) y con su política de mano dura que incluyó el uso ilegal de los servicios de inteligencia, la militarización de la población civil en las zonas rurales y recurrentes declaraciones de estado de excepción dio duros golpes militares a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lo que le permitió gozar de gran popularidad. En este contexto de alta popularidad y de desprestigio de los partidos políticos, el 5 de abril de 1992 cerró el Congreso y decretó la reorganización de los poderes públicos, lo que es conocido como el autogolpe (Tanaka, 2008; Tanaka, 2005; Penfold, Corrales y Hernández; 2014; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005; Levitsky y Way 2005; Smith, 2005; Tuesta, 2005; Meléndez, 2019; Alcántara, 2013).

Al cerrar el congreso Fujimori convocó una Asamblea Constituyente que le otorgó poderes absolutos y permitió la figura de la reelección consecutiva para un período adicional de cinco años, en 1993 se aprobó esta constitución por referéndum y en 1995 Fujimori fue electo con un 64 por ciento de votos a su favor. La popularidad de Fujimori puede ser explicada por la coincidencia de varios elementos, en 1992 su administración obtuvo importantes victorias militares como la captura de los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA, Abimael Guzmán y Víctor Polay respectivamente, y en 1997 obtuvo otra victoria militar con la Operación Chavín de Huántar que rescató a rehenes que se encontraban secuestrados en la residencia del Embajador del Japón en el Perú en manos de miembros del MRTA. Adicional a estas victorias militares, Fujimori también logró conformar una coalición que incluía a los sectores empresariales beneficiados por las políticas de ajuste económico adoptadas y a la población popular que se benefició del aumento del gasto público que se realizó de forma desinstitucionalizada y clientelar (Tanaka, 2008; Tanaka, 2005; Penfold, Corrales y Hernández; 2014; Main- waring y Pérez-Liñán, 2005; Levitsky y Way 2005; Meléndez, 2019; Arce y Carrión, 2010; Grompone, 1996).

Al vencerse su segundo mandato, Fujimori manipuló todo el aparato del Estado para aprobar una ley que interpretó la Constitución y le permitió aspirar a un tercer período presidencial consecutivo. Fujimori ganó cerradamente la primera vuelta de las elecciones en medio de acusaciones de fraude y de amedrentamiento que denunciaron organizaciones independientes. Estas elecciones se dieron en un contexto de declive económico, de aumento del autoritarismo, de mayor evidencia de las violaciones a los derechos humanos y de continuas y espontáneas movilizaciones, pero con una oposición que siguió debilitada y fragmentada. Pocos meses después, en noviembre del mismo año fue expuesto a la opinión pública un video del principal aliado y consejero de Fujimori, el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, sobornando y chantajeando a congresistas para conseguir el apoyo a la ley que permitiría la segunda reelección de Fujimori. La publicación de estos videos sumando la mayor tensión de los conflictos sociales por la indignación que produjo las pruebas, hizo que Fujimori renunciara a la presidencia cuando se encontraba en una gira por Asia y llamara a nuevas elecciones evitando así un posible golpe de Estado (Tanaka, 2008; Levitsky y Way 2005; Penfold, Corrales y Hernández; 2014).

El fujimorismo provocó el colapso de los partidos políticos y de la democracia, e instauró la hegemonía neoliberal, su relación con la democracia fue solo instrumental, en la dimensión liberal los contrapesos horizontales y verticales fueron socavados completamente. Fujimori se concentró en recuperar el monopolio de la violencia, el orden político y la estabilidad económica, y lo logró, pero sacrificó los derechos humanos y las políticas sociales institucionalizadas. El fujimorismo aún mantiene importantes niveles de popularidad, siendo la principal y la más estable fuerza política del país.

Luego de la renuncia de Fujimori y la presidencia transitoria de Valentín Paniagua, comenzó el período de democracia ininterrumpida más largo y estable de la historia del Perú, se han sucedido presidentes electos democráticamente y han terminado sus períodos constitucionales: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), y el destituido presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), con una trasferencia de poder sin mayores sobresaltos. Adicionalmente, este período ha estado acompañado de un significativo crecimiento económico y estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, la precariedad del Estado, los conflictos sociales, la incredibilidad en las instituciones y la exclusión social continúan. El crecimiento económico, que se explica más por variables exógenas como el aumento de los precios internacionales de la soja y los minerales que por variables endógenas, ha creado expectativas y dejado en evidencia la poca profesionalización y baja capacidad que tiene el Estado para gestionar los ingresos provenientes de este crecimiento y garantizar el acceso y la calidad de los servicios más básicos como salud y educación. El modelo de desarrollo neoliberal ha privilegiado las políticas que favorecen al empresariado en detrimento de las políticas redistributivas, lo que ha impedido que el Estado tenga mayor presencia administrativa en su territorio con inversiones sociales y políticas distributivas, viéndose especialmente afectadas las regiones de la sierra y la selva, y la población afroperuana e indígena. El Estado mostró incapacidad para articularse política y administrativamente a través de sus cuatro niveles de gobierno, y para controlar actividades ilegales en el territorio, combatir algunos remanentes de Sendero Luminoso, la presencia del narcotráfico, la minería informal y el contrabando. Los altos niveles de corrupción también fueron recurrentes, incluyendo la destitución de Kuczynski, el dictado de prisión preventiva de Toledo y Humala, y las investigaciones sobre García (Tanaka y Vera, 2008; Meléndez y León, 2009; Dargent y Muñoz, 2012; Meléndez y Sosa, 2013; Muñoz y Guibert, 2016; Mcnulty, 2017).

Los poderes de facto del Estado peruano no recaen en la sociedad civil sino en los poderes empresariales y en la tecnocracia, incluso cuando han ganado la presidencia candidatos declarados de izquierda como el más notable caso de Humala, no ha habido cambio en las políticas públicas. Esto ha hecho que la distancia entre gobierno y sociedad civil sea cada vez más amplia, lo que ha generado un profundo malestar e ingobernabilidad.

Pero esta protesta ha sido fragmentada y localista, ningún partido ha logrado articular estas demandas en una propuesta de agenda programática. La gobernabilidad ha privilegiado la apelación a la autoridad y la fuerza en detrimento de las reformas sociales sustanciales. Los canales de mediación y resolución de conflictos y sus actores, como los partidos políticos y los movimientos sociales son inexistentes o extremadamente débiles. Los partidos políticos funcionan como coaliciones electorales temporales de políticos independientes, lo que hace que la dinámica social no pueda afectar la política. El espectro político ha quedado reducido a la derecha, tanto en la dimensión social concentrada exclusivamente en el orden y el control ciudadano por medio de estrategias autoritarias, como en el económico con el consenso neoliberal que coloca en espera las deudas sociales históricas del país. La ausencia de partidos políticos estables y programáticos ha aumentado la personalización y la improvisación de la política (Tanaka y Vera, 2008; Meléndez y León, 2009; Dargent y Muñoz, 2012; Meléndez y Sosa, 2013; Muñoz y Guibert, 2016).

Así pues, se evidencia que los grupos económicos tienen mayores recursos organizativos y de influencia para afectar a la política peruana sea de forma electoral u otra, y que los posibles contrapesos se ven desarticulados y débiles frente a ellos. Los grupos económicos organizados también han contado con un grupo de tecnócratas en el aparato burocrático que subordinan la política a los estrechos objetivos economicistas.

Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski se presentaron como tecnócratas, Toledo es un economista formado en Estados Unidos y Kuczynski es reconocido por haber desarrollado su carrera profesional en la banca privada y en la consultoría de inversiones empresariales, y por su preferencia ideológica por el neoliberalismo. Alan García también adoptó un papel conservador desde el principio, los principales sectores que respaldaron su administración fueron los grandes capitales, la iglesia católica y las Fuerzas Armadas, su preocupaciones fundamentales fueron el orden y la autoridad, y la política amigable con los grandes capitales para mantener el crecimiento económico; pero la victoria de Ollanta Humala suponía la llega de la izquierda por primera vez a la presidencia del Perú, incluso comenzó con un gabinete de centro izquierda pero solo unos meses después los cambió por uno conservador al igual que su agenda programática, planteando que en Perú no hay alternativas (Tanaka y Vera, 2008; Alcántara, 2014; Alcántara, 2013; Mcnulty, 2017).

La captura del aparato burocrático del Estado fue el principal instrumento de la derecha peruana durante la administración de Humala. Las elecciones no son realmente efectivas, ya que el poder de decisión no es realmente sensible a la demanda de las y los ciudadanos, sino que se muestra independiente de la ciudadanía.

A pesar de la continuidad democrática que se ha observado en Perú desde el año 2000, se debe advertir que sigue teniendo un Estado débil y una democracia frágil con un sistema político fragmentado y poco representativo. Existen importantes demandas como la reducción de la desigualdad y actores sociales progresistas con potencialidad para ser articulados, estos podrían articularse de forma democrática para contribuir a la calidad de la democracia y extender lo político dentro del marco democrático, o podría articularse de forma populista o autoritaria.

Finalmente, en las elecciones presidenciales del 2016 la derecha presento dos opciones con posibilidades reales de ganar, el Fujimorismo con su partido Cambio 90 de carácter populista clientelar y conservador en lo socioeconómico, y la opción de una tecnocrática y liberal en la socioeconómica representada por Kuczynski y su plataforma electoral Peruanos por el Kambio. Si bien el fujimorismo perdió la elección presidencial desde este momento se consolidó como una fuerza estable y de alcance nacional, y ha convertido el clivaje fujimorismo/anti fujimorismo en el principal electoralmente. Completando el escenario Julio Guzmán presentó una candidatura con una agenda programática de centro, pero cuando se perfilaba incluso con mayor preferencia que Kuczynski, fue suspendido por el Jurado Nacional Electoral unas semanas antes de las elecciones. También en estos comicios tomó mayor fuerza la coalición de izquierda Frente Amplio que presentó la candidatura presidencial única de Verónika Mendoza.

La consolidación de una fuerza de izquierda, su llegada a la presidencia y la aplicación de su agenda programática, es un reto fundamental pendiente para la dimensión pluralista de la democracia peruana.

Colombia: Violencia y formalidad democrática

En el marco del Frente Nacional se alternaron en la presidencia como habían acordado liberales y con- servadores, Alberto Lleras Camargo (1958-1962), Guillermo León Valencia (1962-1966), Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), Misael Pastrana Borrero (1970-1974), e incluso luego del ven- cimiento de la cláusula de alternancia en 1978 continuó la alternancia entre liberales y conservadores con Julio César Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), así hasta 1990 cuando se rompió la alternancia con César Gaviria (1994-1998) y Ernesto Samper (1998-2002) completando tres administraciones liberales consecutivas, y finalmente la administración del conservador Andrés Pastrana, la cual fue la última de los partidos tradicionales.

Este período se caracterizó por ser uno de los ejemplos más claros de un sistema de partido de élite en América Latina, desde la instauración del Frente Nacional la competencia estuvo limitada hasta la paulatina apertura desde 1974, aunque las restricciones informales se mantuvieron incluso luego de esta fecha. El principal mecanismo de sociabilización política de los partidos políticos fue el clientelismo, el sistema de partidos políticos convergió hacia la derecha, con tendencias a desestimular la participación electoral y ciudadana en general, y por un corporativismo con presencia de grupos empresariales muy influyentes en la definición de las políticas públicas, se pasó del clientelismo tradicional al clientelismo de broker. Paralelamente se formaron organizaciones políticas de izquierda, pero los intereses establecidos lograron mostrarlas no como opositoras al bipartidismo sino a la estabilidad y al Estado, como un sinónimo de subversión, estigmatizándolas e incluso buscando exterminarlas físicamente. En estas administraciones quedaron pendientes varias reformas, la agraria, la administrativa, la desarrollista y la territorial, lo que trajo como consecuencia la guerrilla rural, la corrupción y el peculado, desequilibrios económicos regionales y la continuidad de la estructura gamonalesca y vacíos de poder local que llenaron las guerrillas, respectivamente (Dargent y Muñoz, 2011; Gutiérrez, 2019; Fals, 1996; Vargas, 2011; Bejarano y Pizarro, 2005).

El Estado colombiano se caracterizó por la imposibilidad de separar lo público de lo privado y de implantar instituciones estatales de carácter moderno con normas objetivas e instituciones impersonales, su proceso de modernización estuvo centrado en lo económico, debilitando las formas tradicionales de cohesión social y política sin crear formas modernas, lo que acentuó la fragmentación del poder; la modernización también fue selectiva y desigual, separando aún más a la sociedad civil de la sociedad política, entendiéndose esta última como autorreferente y marginando a los órganos representativos de la discusión de la problemática económica y social. El Estado colombiano tiene distintas intensidades de presencia a lo largo del territorio, encontrándose varias zonas marrón, y prevaleciendo la presencia traumática de coacción (González, 2003; Vargas, 2011).

El narcotráfico también estuvo muy presente en la política colombiana, especialmente con la elección del jefe del Cartel de Medellín Pablo Escobar como suplente a la Cámara de Representantes, la financiación del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper y las alianzas de narcotraficantes y paramilitares con dirigentes políticos de alcaldías, gobernadores y congresistas (Vargas, 2010; Levine y Molina, 2011).

También durante este periodo en la década de 1960 se crearon y se consolidaron los grupos guerrilleros y en la década de 1980 los grupos paramilitares y los carteles de la droga.

La guerrilla nació como un proceso de cuestionamiento social por las profundas desigualdades y de cuestionamiento político por el cierre de los canales democráticos, las zonas dominadas por los grupos violentos coinciden con las zonas campesinas marginales donde no llegaba el Estado. Las guerrillas que han permanecido por más tiempo son la comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la popular revolucionaria movimiento M-19. Pero la violencia de los grupos guerrilleros y de los paramilitares dejó de tener este carácter reivindicativo al estar asociado con los carteles de las drogas, convirtiéndose y reduciéndose a ser sus brazos armados. Este escenario desprestigió a la izquierda reformista y legal, y convirtió al clivaje guerra/pacifismo en el principal del país por sobre el clivaje socioeconómico donde la izquierda tendría mayor capacidad de articulación política siendo Colombia uno de los países más desiguales de América Latina (Wills-Otero, 2014; Gutiérrez, 2019; Touraine, 1989; Camacho y Guzmán, 1989; González, 2003).

La convivencia entre violencia y democracia recorre toda la historia Republicana de Colombia, el Gobierno no logra incorporar o eliminar a los grupos armados, y estos no logran cuestionar la estabilidad de la partidocracia. Lo que si logran es reducir la calidad de la democracia hasta su mínima expresión formalista, la estigmatización de la izquierda democrática y la limitación del pluralismo.

El enfrentamiento entre la guerrilla, los paramilitares y el Estado mantuvo a Colombia en un estado permanente de violencia, dejó como saldo más de medio millón de asesinatos, millones de desplazados, violaciones a los derechos humanos y humanitarios, recurrentes actos terroristas incluyendo los ejecutados en actos de campaña, y numerosos secuestros de asambleístas, gobernadores, ex ministros y candidatos presidenciales, y de asesinatos de periodistas, líderes sindicales, más de un centenar de alcaldes y tres pre candidatos presidenciales que aumentaban su popularidad, Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo en 1990 de la Unión Patriótica, partido que emergió de los diálogos durante la administración de Belisario Betancur, Carlos Pizarro del M-19 en 1990 y el liberal Luis Carlos Galán en 1989 (Gutiérrez, 2019; Jaramillo y Franco-Cuervo, 2005; Bejarano y Pizarro, 2005).

Como se puede observar, Colombia tiene una larga, aunque limitada, tradición electoral, que es solo igualada por la larga tradición de la violencia. Así pues, la principal continuidad histórica de Colombia es la coincidencia de niveles de violencia generalizada que impiden la participación ciudadana y la competencia efectiva, con gobiernos e instituciones de democracia limitada, una estabilidad política electoral que impide la democratización.

Con la Constitución de 1991 se realizó el mayor esfuerzo institucional de la sociedad colombiana contemporánea por construir un consenso plural que diese legitimidad y estabilidad al sistema político, por primera vez en la historia de Colombia se garantizaron formalmente las elecciones libres y competitivas, se eliminaron las barreras de entrada a nuevos partidos políticos. Pero también se inició un proceso de atomización de la representación política, el debilitamiento del sistema de partidos políticos y el aumento de la desinstitucionalización y personalización de los partidos, dificultando la efectividad del gobierno (Bejarano y Pizarro, 2005; Mejía y Múnera, 2008; Vargas, 2011; Gutiérrez, 2006; Jarami llo y Franco-Cuervo, 2005; Dargent y Muñoz, 2011).

En este escenario de guerra que tiene más de medio siglo y con la agudización de la inseguridad y la crisis económica, obtuvo la presidencia el candidato independiente y antiguo liberal Álvaro Uribe Vélez, centrando su campaña en un discurso de mano dura. Por primera vez en la historia republicana del país ganó un presidente que no tuvo el respaldo del Partido Liberal o del Partido Conservador.

La administración de Álvaro Uribe Vélez tuvo como prioridad la seguridad y se puede caracterizar como una de mano dura, conformó un gabinete tecnocrático, hubo crecimiento económico y el Estado se fortaleció frente a los grupos que cuestionan su monopolio de la violencia, extendió su presencia hasta territorios dominados durante décadas por los grupos guerrilleros y paramilitares, se redujeron las tasas de homicidio, secuestros y desplazados, su administración se concentró en la materia de seguridad en su más estricto sentido. Como contraparte se deterioraron indicadores socioeconómicos en áreas de salud y educación, aumentó el desempleo y la desigualdad, en el marco de políticas neoliberales y privatizaciones (Mainwaring y Pérez- Liñán, 2016; Wills-Otero, 2014; Mejía y Múnera, 2008; Jaramillo y Franco- Cuervo, Dargent y Muñoz, 2011; 2005; IDD-LAT, 2010).

Al final del primer período de la presidencia de Uribe, su bancada aprobó un proyecto de reforma constitucional para abolir la prohibición de reelección inmediata, permitiéndole una segunda administración.

Uribe logró la reelección presidencial con una votación de 7.363.297 y una ventaja de casi cinco millones de sufragios sobre el segundo en competencia, para consolidar una amplia mayoría del 62.20 por ciento de los votos, para ello contó con todos los instrumentos mediáticos, económicos y burocráticos del Estado colombiano, su votación siguió ubicándose en la clase media y media alta, obteniendo proporcionalmente menor cantidad de votos en las regiones más pobres (Wills-Otero, 2014; Mejía y Múnera, 2008; Kajsiu, 2017; IDD-LAT, 2007).

Durante el segundo período de Uribe se agudizaron los enfrentamientos con los otros poderes del Estado, la Corte Suprema llevó una investigación en 2007 que reveló los vínculos entre grupos paramilitares y 30 por ciento de los legisladores y políticos cercanos a su gobierno incluyendo la influencia de narcotraficantes en siete gobernaciones, doscientas setenta y una alcaldías y tres mil seiscientos concejales municipales, otra investigación en 2008 reveló que las Fuerzas Armadas en búsqueda de beneficios económicos que ofrecía el gobierno habían asesinado a personas inocentes para exagerar el número de víctimas atribuidas a la guerrilla, siendo identificados más de quinientos casos solo entre el 2007 y 2008, en 2010 los medios de comunicación revelaron que Uribe a través del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realizó actividades de espionaje ilegales y generalizadas contra defensores de los derechos humanos. Finalmente Uribe buscó reformar la constitución para reelegirse por un tercer mandato pero la Corte Constitucional declaró nulo el llamado a referendo reeleccionista (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2016; Wills-Otero, 2014; Bejarano y Pizarro, 2005; Pachón, 2009; IDD-LAT, 2015; IDD-LAT, 2007).

Así pues, queda evidenciado como los intereses económicos legales e ilegales del narcotráfico, utilizan el dinero y la prebenda como instrumentos para influir en la política colombiana, indirectamente en el control de la burocracia y las tomas de decisiones, y financiando candidatos, y participando directamente en candidaturas en puestos de elección pública, lo que se hace incluso más agudo a nivel local.

Al no poder postularse a la presidencia, Uribe decidió apoyar la candidatura de su ex ministro de defensa Juan Manuel Santos, quién fue electo presidente por el número de votantes más alto y sin precedentes en la historia de la democracia colombiana. Rápidamente Santos se separó de la línea uribista y en materia de seguridad prefirió la negociación de paz, lo que mitigó la violencia a nivel nacional, contribuyó a la desmovilización de la FARC y redujo la polarización. El proceso de negociación dividió a la derecha colombiana en dos, por una parte el ala uribista aglutinada en el Partido Centro Democrático fundado en el 2013 de carácter guerrerista en materia de seguridad y conservador en lo socioeconómico, y por la otra una coalición más flexible alrededor del apoyo al proceso de paz, que incluyó a organizaciones anteriormente uribistas como el partido de la “U” y partidos de centro izquierda como el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo (PDA). Los acuerdos de paz fueron sometidos a plebiscito en el 2016 obteniendo una cerrada victoria la opción del “No” defendida por el uribismo con el 50,2%, lo que fortaleció al Partido Centro Democrático como maquinaria electoral disciplinada (Gutiérrez, 2019; Montilla, 2014; Wills-Otero, 2014; Wills-Otero y Hoyos, 2016).

En este escenario de reajustes otros fenómenos continuaron, la alta influencia del narcotráfico en la política, la falta de compromiso por la garantía de los derechos humanos especialmente de los sindicalistas, deterioro de los derechos civiles y políticos, el crecimiento económico con deterioro general de los indicadores sociales, aumento de la desigualdad y el desempleo, la corrupción, y siguió pendiente la reforma rural integral que repare una de la mayor desigualdad en la distribución de tierras en América Latina como es la colombiana (Rodríguez-Raga, 2017; IDD-LAT, 2015; IDD-LAT, 2013).

Finalmente en las más recientes elecciones presidenciales del 2018 se presentaron dos candidatos no de derecha con expectativas reales de competencia, una propuesta de centro con un lenguaje moderado encabezada por Sergio Fajardo que contó con el apoyo del también ex candidato presidencial de centro izquierda Antanas Mockus, y otra de extrema izquierda Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19. Petro logró acceder a la segunda vuelta de las elecciones con el uribista Iván Duque mostrando los altos niveles de polarización de la sociedad colombiana, finalmente ganó, de nuevo, la derecha.

La victoria de Iván Duque apelando casi exclusivamente a sus credenciales uribistas frente a las opciones de izquierda y de una derecha liberal y pro diálogo, es la victoria de la derecha guerrerista y más conservadora en lo socioeconómico.

Conclusiones

Los sistemas políticos en Perú y Colombia pueden ser considerados de pluralismo limitado ya que en toda su historia republicana las propuestas de izquierda han tenido especiales dificultades para lograr llegar al poder. Esto reduce la calidad de la democracia ya que la alternabilidad no debe ser solo de personas sino de agendas programáticas fundamentalmente, para así garantizar los valores fundamentales de la democracia como el pluralismo.

La batería de instrumentos que ha utilizado históricamente la derecha para mantenerse en el poder han sido amplios, los impedimentos formales a la competencia como el veto a las organizaciones de izquierda, el control tecnocrático de la burocracia, el clientelismo y la corrupción, la estigmatización de la izquierda, e incluso el asesinato sistemático de los principales líderes y candidatos de la izquierda en todos los niveles de gobierno en Colombia.

Perú y Colombia han sido en la contemporaneidad de derecha en la agenda de seguridad y en la socioeconómica. La presencia de grupos armados generan incentivos para que los países se preocupen especialmente por cumplir con la condición básica de toda organización política, el orden, y con la condición necesaria de todo Estado, el monopolio de la violencia, lo que resta atención y recurso a una agenda democrática más amplia; adicionalmente se ha entendido a la seguridad en su sentido más estrecho de lucha violenta. Todo esto se agudizó en las coyunturas críticas con Fujimori y Uribe. Su liberalismo económico, o Estado mínimo, ha hecho que las instituciones democráticas lleguen con poca fuerza a gran parte del territorio y de la población nacional, teniendo las liberalizaciones políticas pocas repercusiones positivas en sus derivados socioeconómicos.

Y finalmente, como nota positiva, en los últimos años las democracias también han sido liberales, la independencia de las Cortes de justicia han controlado el poder del ejecutivo, evidenciado esto con las investigaciones de corrupción que recaen sobre los ex presidentes de Perú y con el impedimento de reelección de Álvaro Uribe Vélez quien pretendía un tercer periodo presidencial. También se debe resaltar que la tradición civilista, histórica en Colombia y reciente en Perú, tiene como elemento explicativo la capacidad organizativa que ha tenido la derecha para que sus intereses se vean representados en la agenda de política, lo que reduce los incentivos de golpes de Estado como se han dado de forma recurrente por la derecha en otros países y en otros momentos históricos de la región.

La mejora en la calidad de la democracia en Perú y Colombia pasa por garantizar efectivamente un pluralismo democrático que incluya a todo el espectro político de izquierda a derecha.

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Resumen

Abstract

Introducción

Liberalizaciones de pluralismo limitado

Conclusiones

Bibliografía