ARTÍCULO DE REFLEXIÓN                                                                      

Recibido: 09/02/2022

Aprobado: 23/11/2023

 

Alfabetización política: un concepto clave a considerar para una educación al servicio de la justicia social en el contexto chileno

Political literacy: a key concept to consider for an education at the service of social justice in the Chilean context

Priscilla Echeverría De la Iglesia PhD Educational Research Lancaster University

Email: priscilla.edelai@gmail.com p. echeverriadelaiglesia@lancaster.ac.uk

 

DOI: https://doi.org/10.22267/rceilat.235253.119

 

Resumen

Al observar la sociedad chilena desde una perspectiva crítica de justicia social, es posible identificar que la mayoría de las injusticias radican en una opresión institucionalizada (Young, 2011) y una falta de reconocimiento (Honneth, 1995) ejercida por las élites económicas hacia el resto de la población, facilitada por una cultura neoliberal que ha debilitado el interés de las personas por los asuntos públicos y fomentado su pasividad como sujetos políticos. Si bien el estallido social de octubre del 2019 ha favorecido un ambiente de mayor discusión política cotidiana en la sociedad chilena, la falta de formación política no ha sido subsanada.

Este artículo propone explorar la relación entre el concepto de analfabetismo político (Giroux, 2016) y justicia social, como camino para comprender la generalizada indiferencia política que ha caracterizado a la sociedad chilena durante décadas frente a las injusticias que ha vivido, y valorar el papel que la educación podría jugar en desarrollar alfabetización política como una dimensión de agencia, contribuyendo con ello a desarrollar una sociedad más autónoma y protagonista de su propio destino.

Palabras clave: Enfoque crítico de la justicia social Opresión institucionalizada Alfabetización política Justicia social – Estallido social chileno – Educación para la justicia social.

Summary

By observing Chilean society from a critical perspective of social justice, it is possible to identify that most injustices lie in institutionalized oppression (Young, 2011) and a lack of recognition (Honneth, 1995) exercised by economic elites towards the rest. of the population, facilitated by a neoliberal culture that has weakened people’s interest in public affairs and encouraged their passivity as political subjects. Although the social outbreak of October 2019 has favoured an environment of greater daily political discussion in Chilean society, the lack of political education has not been corrected.

This article proposes to explore the relationship between the concept of political illiteracy (Giroux, 2016) and social justice, as a way to understand the generalized political indifference that has characterized Chilean society for decades in the face of the injustices it has experienced, and to value the role that education could play in developing political literacy as a dimension of agency, thereby contributing to developing a more autonomous society and protagonist of its own destiny.

Key words: Critical approach of social justice – Institutionalised oppression – Social justice – Chilean social outbreak – Education for social justice.

 

 


Introducción

 

En el contexto de mi investigación de doctorado “Formación inicial docente para la justicia social en el contexto neoliberal chileno”, discuto los conceptos de alfabetización política y justicia social como parte del marco conceptual, para comprender cómo la alfabetización política podría contribuir a una mayor justicia social en la sociedad chilena. Más precisamente, esta investigación trabaja el concepto de agencia pedagógica, que tiene dimensiones políticas, éticas y epistémicas (Dalmiya, 2016). De estas dimensiones, este artículo se referirá a la dimensión política, abordada en esta investigación como alfabetización política (Giroux, 2016).

En el marco de los importantes cambios políticos que vive Chile desde el estallido social de octubre de 2019, este artículo de discusión pretende analizar desde una perspectiva crítica el papel que ha jugado la falta de alfabetización política en la sociedad chilena en la historia reciente del país, explorando posibles razones que expliquen por qué la sociedad chilena ha tenido un papel pasivo frente a las injusticias que le aquejan, para lo cual se explorarán cuestiones relacionadas con la idiosincrasia chilena y los efectos del neoliberalismo en la cultura social.

Este artículo se estructura de la siguiente forma:

1)    Discusión conceptual. Se introducen los conceptos de justicia social, alfabetización política y racionalidad instrumental. La primera, entendida como opresión institucionalizada y falta de reconocimiento; la segunda, desde una perspectiva crítica de justicia social; y la tercera, entendida desde la teoría de los intereses constitutivos del conocimiento de J. Habermas.

2)    Descripción de la historia política y social chilena reciente, y las injusticias que se reflejan en la sociedad chilena actual.

3)    Revisión de aspectos clave de la idiosincrasia chilena para explicar la pasividad para manifestar el descontento y para participar más activamente de lo político.

4)    Discusión sobre el papel que la educación puede jugar en contribuir a mejorar la capacidad de agencia de las personas, considerando la alfabetización política una capacidad clave a desarrollar para poder ser partícipes de las problemáticas sociales.

1)       Los conceptos de justicia social, alfabetización política y racionalidad instrumental desde una perspectiva educativa crítica.

Desde una perspectiva crítica, la justicia social se entiende desde los criterios de opresión y reconocimiento. Iris Young, autora que plantea la justicia social desde el primer criterio, afirma que la justicia social es el cumplimiento de la falta de opresión institucionalizada (Young, 2011). Axel Honneth, por otra parte, entiende la justicia social desde el criterio de reconocimiento, particularmente desde la perspectiva de la intersubjetividad hegeliana considerando que las esferas de las interacciones involucradas en este proceso son: el amor, los derechos y la solidaridad (Honneth, 1995).

La opresión y la falta de reconocimiento son injustas porque deshumanizan, es decir, van contra la naturaleza misma del ser humano, lo que los hace ser conceptos relevantes desde un punto de vista educativo. Dañan la naturaleza humana al no permitir que la persona presa de esa opresión pueda, como diría Freire, decir su palabra y con ello desarrollar su capacidad de reflexión y acción (Freire, 2017, p. 70), cuestiones que nos distinguen de ser autómatas o burócratas.

Desde esta perspectiva, cumplir con la justicia social radica en desarrollar relaciones que reconozcan y no opriman, favoreciendo la transformación en lugar de la repetición. En consecuencia, una educación para la justicia social será aquella que promueva y desarrolle relaciones en ese sentido, favoreciendo la dialogicidad que pone a ambos interlocutores en posición de sujetos, y con ello empoderándolos, superando la noción de objeto (Freire, 2017).

Es por ello por lo que resulta fundamental aprender a reconocer la existencia de la razón instrumental en las relaciones humanas como elemento que favorece la opresión y la falta de reconocimiento. La razón técnica, al operar en una lógica de medios-fines, niega la posibilidad de un encuentro intersubjetivo, pues usa el lenguaje para dominar, negando el proceso de interacción social para la comprensión mutua y negando con ello la validación del interlocutor como sujeto, ya que busca imponer sus propósitos desplegándose estratégicamente. (Díaz, 2020). Negar la subjetividad del otro deriva en limitar la posibilidad de expresión, de explorar esa propia subjetividad, y con ello, desarrollar capacidad de reflexión y conciencia (Freire, 2017).

Esto, que puede parecer sofisticado, es bastante cotidiano, y se da en el día a día de nuestra vida social, lo que incluye la escuela. Formas de relación basadas en la persuasión, la manipulación, el conductismo, el paternalismo y el autoritarismo responden al mismo principio de imposición, y como tales, coartan la posibilidad de desarrollar capacidad de reflexión, conciencia y acción, y con ello, autonomía o agencia. Es por ello por lo que los educadores padres, madres, profesores debemos estar atentos a observar la experiencia de poder y autoridad que ofrecemos a través de las dinámicas de relación que sostenemos consciente o inconscientemente con quienes decimos estar educando, con quienes nos relacionamos.

La racionalidad instrumental o técnica es una forma en que la racionalidad se despliega, y obedece al interés que guía la acción humana. Siguiendo a Habermas, la racionalidad puede ser técnica, comunicativa o crítica (Habermas, 1986), y refleja la forma de abordar el conocimiento y entender el mundo. En términos muy generales, podemos decir que una racionalidad técnica se caracteriza por un interés por controlar; una comunicativa, por comprender; y crítica, por transformar. Desarrollar la capacidad de identificar los intereses que subyacen en las acciones humanas permitiría comprender la racionalidad que hay detrás, lo que tiene consecuencias en el plano educativo (Grundy, 1987). Considerando que la racionalidad dominante en el modelo actual es la racionalidad técnica, un primer paso para asumir la responsabilidad de no reproducir la cultura imperante debe ser examinar cuál es el interés que guía las propias decisiones en las interacciones humanas y revisar si estamos orientando nuestras acciones por un espíritu de control.

Una condición básica para reconocer la existencia de la racionalidad instrumental y cómo ella se introduce en las relaciones humanas naturalizando la opresión es desarrollando la capacidad de leer e interpretar la realidad social más allá de las apariencias objetivas, capacidad que podemos llamar alfabetización política, superando así lo que Freire llama conciencia ingenua (Freire, 2017). Como explica Giroux refiriéndose a Freire,

...la alfabetización no es abordada, como en el modelo dominante, primordialmente como una habilidad técnica a adquirir, sino como fundamento necesario de la acción cultural para la libertad, aspecto central de lo que significa ser un sujeto propio y socialmente constituido (...) Freire enseña a las personas a leer para que puedan decodificar y desmitificar tanto sus propias tradiciones culturales como aquellas que estructuran y legitiman el orden social más amplio (Giroux, 2005, p. 153).

La alfabetización política se relaciona con captar signos para comprender la realidad social como un texto en el que el poder fluye de diferentes formas a través de personas e instituciones. Como dice Freire, más que tener habilidades para leer y escribir palabras, es importante adquirir la habilidad de leer el mundo, percibiendo signos en la realidad social e interpretando desde criterios de justicia para superar la conciencia ingenua, superando el mero compendio de los discursos ya interpretados por otros para explicar la realidad social (Freire, 2017, p. 20). El desarrollo de esta capacidad está estrechamente relacionado con la práctica educativa de quien enseña, pues requiere que sea capaz de implicar al aprendiz, para desarrollar un proceso de diálogo a través del cual vaya descubriendo el sentido de las palabras y su mundo. Esto no se logrará si, por el contrario, el “proceso educativo” se reduce a “llenar”, por medio de discursos “verbalistas alienados y alienantes” a los educandos, a quienes se les limita a tener una función pasiva-receptiva (Freire, 2017, p. 77).

La alfabetización política permite el desarrollo de una capacidad de agencia crítica, al habilitar para reconocer las tensiones que existen en las relaciones sociales, interpretar los intereses que subyacen en las acciones humanas para comprender qué intereses las guían y adquirir una voz propia para hablar del mundo, en lugar de repetir las explicaciones de los demás. Esta transformación para comprender el mundo desde la propia experiencia no es sinónimo de alfabetización cívica, que puede limitarse a una mera ilustración sobre derechos políticos y civiles, que resulta insuficiente, porque saber sobre algo está en una dimensión distinta a saber ser, desplegando capacidades para actuar, como por ejemplo proponiendo o implicándose en un proyecto, dando la propia opinión o escuchando la de los demás.

El analfabetismo político resulta entonces perjudicial para la sociedad en su conjunto. Como vuelve a explicar Giroux,

El analfabetismo se ha convertido en una forma de represión política que desalienta una cultura de cuestionamiento, vuelve inoperante la agencia como acto de intervención y replantea el poder como modo de dominación (...) ...el analfabetismo político también se relaciona fundamentalmente con formas de ignorancia política e ideológica que funcionan como una negativa a conocer los límites y las consecuencias políticas de la propia visión del mundo (Giroux, 2016, p. 151)

 

Este analfabetismo está relacionado con el orden neoliberal porque este último reduce la esfera pública en favor de la privada, lo que ha cambiado la condición de ciudadano por la de consumidor (García Canclini, 1995). Al respecto, es muy pertinente recordar las palabras del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht (fuente desconocida):

El peor analfabeto es el analfabeto político, no oye, no habla, ni participa en los hechos políticos. No sabe el costo de la vida, el precio del frijol, del pescado, de la harina, de la renta, de los zapatos y de la medicina, todo depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan estúpido que se enorgullece y se le hincha el pecho diciendo que odia la política. El imbécil no sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el niño abandonado, y los peores ladrones de todos, el mal político, corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.

 

Dado que la condición de analfabeto político limita las posibilidades de transformación social, cualquier intento por llevar a cabo una educación transformadora y empoderadora debe reflexionar sobre el papel que juega esta condición para avanzar a una sociedad más justa y democrática.

Habiendo revisado la relación entre los conceptos de justicia social, racionalidad instrumental y alfabetización política desde una perspectiva crítica, a continuación, revisaremos antecedentes del contexto chileno en el que advertimos esta necesidad de alfabetización política para enfrentar las injusticias sociales que le aquejan.

2)      El contexto. Injusticias sociales en la historia política y social chilena

Si bien los cambios económicos impuestos desde la imposición del sistema económico neoliberal en dictadura parecieron exitosos en términos macroeconómicos, la sociedad sufre injusticias sociales desde cualquier perspectiva de justicia social que se mire, ya sea distributiva, de reconocimiento, de bienestar o crítica: grandes desigualdades en la distribución de la riqueza y el ingreso, pobreza, acceso oportuno a salud de calidad, exclusión, desempleo o empleo precario, desigualdad en el acceso a oportunidades, falta de respeto a la diversidad, débil protección social, entre otros (Pizarro, 2005).

La injusticia social puede observarse desde los inicios de su historia como país: Desde su fundación como país independiente en 1810 después de haber sido colonia española, Chile ha sido dirigido políticamente por una élite económica, que, como señala el historiador chileno Gabriel Salazar, usurpó absolutamente la soberanía de los ciudadanos, gobernando solo para sus propios intereses (Salazar, 2006).

A pesar de ello, a lo largo del siglo XX se fraguó un movimiento obrero que fue logrando, a través de la protesta -no exenta de duras represionesla conquista de derechos sociales, que poco a poco se fueron reflejando en  los esfuerzos de los diferentes gobiernos por contribuir al desarrollo de un estado de bienestar, principalmente en las décadas entre 1930 y 1970 (Farías, 2019). El apogeo de esta tendencia fue en el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), que puso su empeño en la creación de nuevos programas de beneficios sociales y en la apertura de la participación política a los grupos marginados (Farías, 2019), adoptando una clara identificación a favor de la clase trabajadora y en contra de los grupos dominantes (Silva, 1993), lo que fue resistido por las clases altas, generando un tenso clima de polarización.

La tensión acumulada entre posturas políticas opuestas fue tan grande que culminó con el golpe de Estado de 1973 encabezado por Augusto Pinochet que derrocó al presidente Allende e impuso una dictadura cívico-militar de derecha de 17 años, periodo en el que instaló un nuevo sistema económico que cambió al país radicalmente. Para imponer un cambio tan grande en la sociedad chilena, el régimen primero impuso un ambiente de terror y represión brutal en los años setenta, que derivó, entre otras cosas, en que la discusión política prácticamente desapareciera de la vida cotidiana de las personas, al menos abiertamente (Moulián, 2002)

El golpe cívico-militar no sólo derrocó al gobierno socialista, sino que impuso un experimento económico neoliberal acorde a los intereses de los golpistas, desmantelando el estado social democrático que había avanzado a lo largo de la historia del siglo XX en garantizar los derechos sociales, para transformarlo en un estado subsidiario privatizando la educación, la salud , la seguridad social, entre otros, imponiendo una transformación que cambió no solo la economía sino la cultura del país (Moulián, 2002).

Una vez recuperada una democracia formal en 1990, las expectativas de la sociedad estaban puestas en los gobiernos de la Concertación, el sector político que se opuso a la dictadura. Desafortunadamente para las expectativas de muchos, los gobiernos de la Concertación no cambiaron las bases del modelo, no respondiendo a las expectativas de la gente de avanzar en favor de la igualdad (Pizarro, 2005). Esto fue generando un malestar social que con los años fue ampliando la brecha entre los representantes políticos y los supuestos representados (Fuentes, 2019). Así, se desarrolló un modo de vinculación entre partidos políticos y masas que afectó la participación popular efectiva en la democracia local chilena, lo que fue favorable para las élites en tanto al despolitizar la sociedad civil pudieron preservar la macroeconomía y la estabilidad política (Posner, 2004, p. 1). Esto tiene una estrecha relación con el analfabetismo político: cuanto más se desinteresen las personas de los asuntos públicos, más despejado estará el camino para que la clase política decida por todos.

Y así fue como finalmente se eligió un gobierno de derecha en el 2009, habiendo votado apenas la mitad del universo de posibles votantes -3,5 millones de votos-, reflejo de una cada vez más decreciente participación electoral (Contreras & Navia, 2011). Un gobierno conformado por personas que apoyaban las medidas neoliberales y que habían tenido lazos con el sector empresarial que había apoyado abiertamente la dictadura.

En el intertanto, a lo largo de los gobiernos que han habido desde el término de la dictadura hasta nuestros días, Chile ha sufrido de graves injusticias sociales, que superan la clásica forma de entender la justicia social, esto es, la justicia distributiva (Echeverría, 2022). Si bien existe un problema inaceptable de justicia distributiva, es importante entender que esta distribución injusta obedece a cuestiones previas más profundas que deben ser consideradas, y es por ello por lo que el enfoque crítico es tan importante para entender el caso chileno. Como dice Young, la justicia debe referirse no solo a la distribución, sino también a las condiciones institucionales necesarias para el desarrollo y ejercicio de las capacidades individuales y colectivas de comunicación y cooperación (Young, 2011, p. 39).

Es posible entender las injusticias sociales desde una perspectiva de opresión institucionalizada ejercida por las élites económicas. Si consideramos que el problema en Chile es que ha sido dirigido políticamente por una élite económica que ha usurpado la soberanía de los ciudadanos (Salazar, 2006), entonces resulta pertinente decir que la perspectiva de justicia social más adecuada es aquella que considera un criterio de opresión institucionalizada. En términos más explícitos, veamos, por ejemplo, la siguiente declaración de uno de los hombres más poderosos del Chile del siglo XIX, Eduardo Matte Pérez: “Somos los dueños de Chile, los dueños del capital y de la tierra; el resto es masa vendible e influenciable; no pesa ni como opinión ni como prestigio” (Carmona, 2002, p. 119) ¿Qué relación podemos ver desde esta declaración entre reconocimiento, opresión y justicia social?

La relación que advertimos es que el espíritu de esta frase resume el problema de injusticia desde una perspectiva de opresión institucionalizada y falta de reconocimiento. No se trata sólo de un problema de desigualdades en los ingresos y la riqueza, sino en el hecho de que unos pocos se han reivindicado el derecho de imponer sus criterios e intereses como única referencia válida a la hora de decidir para todos, irrespetando el derecho a discutir y decidir de los afectados por las decisiones, vulnerando lo que Cortina llama el principio dialógico (Cortina, 2012, p. 223)

Desde allí, podemos reflexionar sobre cuán injusto resulta que una sociedad no permita que muchos de sus miembros, al negárseles reconocerlos como interlocutores válidos para participar de las decisiones que definen su destino, no logren desplegar sus capacidades y florecer como seres humanos, individual y socialmente (Cortina, 2012). Vivir la vida en la mayor plenitud posible no es cuestión de caridad, sino de justicia. Como dice Young, la justicia no tiene que ver solo con cuántos bienes debe tener una persona, sino qué tipo de posición frente a otras personas merece (Young, 2011). Es decir, que pueda gozar de una posición en la que es considerado, reconocido y brindado la oportunidad de desarrollar funcionamientos cívicos éticos, para contribuir al fortalecimiento de la sociedad (Cortina, 2013).


3)      Aspectos idiosincráticos de la sociedad chilena desde una perspectiva crítica. Explorando posibles explicaciones.

Es posible que la historia política reciente cuente de mejor forma lo incomprensible o paradójico que puede resultar el comportamiento político de la sociedad chilena. Mientras la población se desencantaba de los partidos políticos y del sistema representativo luego de varios gobiernos post-dictatoriales, de manera paralela, desde la década de 2000, aumentaron las expresiones de descontento a través de protestas masivas, culminando en la última y mayor manifestación transversal de la historia de Chile: la de octubre de 2019. Esta manifestación se dio en el segundo gobierno de derecha post dictadura, que se opuso a las manifestaciones reprimiéndolas ferozmente. Ello llevó a una cada vez más masiva protesta en las calles en prácticamente todo el país, en la que comenzó a visibilizarse una demanda común: cambiar el marco que regula el proyecto de país, es decir, la Constitución de la República impuesta en dictadura.

Para enfrentar la escalada de violencia que ya duraba varias semanas, miembros del Congreso se reunieron para proponer una salida a la presión ciudadana, convocando a un plebiscito para votar si el país quería una nueva constitución o no. Luego de aprobada la idea, dicho plebiscito se efectuó al cabo de unos meses, obteniendo un 80% de preferencia la opción por escribir una nueva constitución. Así, la sociedad chilena abrió una oportunidad histórica por primera vez en sus 200 años de historia para redactar la carta fundamental desde sus bases, en el que se visibilicen y puedan convivir las diversas culturas que componen nuestro país, proponiendo valores que permitan una vida en común digna (Onetto, 2022).

Lo históricamente relevante del proceso constituyente chileno iniciado en 2020 ha sido que la comisión encargada de redactar la nueva carta fundamental fuera elegida democráticamente para ser escrita principalmente por ciudadanos comunes. Luego de redactar y presentar al país la nueva propuesta de constitución, ésta fue votada en septiembre de 2022. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada, lo que significó una victoria para el sector representado por la derecha chilena. He aquí la primera paradoja en relación con la demanda ciudadana inicial del 2019.

Se inició un nuevo proceso tras el rechazo, en 2022, pero esta vez para redactar la constitución por representantes de los partidos políticos.  La votación para elegir a los nuevos miembros de la comisión se produjo en abril de 2023, en la que triunfó una mayoría de representantes de partidos de derecha. He aquí la segunda paradoja. Si la gente manifestaba estar en contra de la clase política y de la derecha, ¿por qué terminar votando por el sector que opuso resistencia a crear una nueva constitución? Es más, ¿por qué votar por el sector que históricamente estuvo de acuerdo con la Constitución impuesta por la dictadura?

Llegados a este punto de la historia, podríamos decir, en términos críticos, que es como si las masas oprimidas no supieran cómo rebelarse contra sus opresores, incluso beneficiándolos.

¿Cómo entender este paradójico escenario de retroceso? En esta sección exploraré los algunos supuestos para intentar dar respuesta a una pregunta crítica clásica de la Teoría Crítica:

¿Por qué los oprimidos no se rebelan contra la opresión? Revisaremos dos supuestos:

1)     Primer supuesto: ¿Será, como afir Matte Pérez hace un siglo, que la sociedad chilena es solo una masa influenciable, y no se da cuenta de que la están oprimiendo, o simplemente se siente impotente frente a la opresión?

2)     Segundo supuesto: ¿Es que la gente no se siente tocada por los problemas estructurales que tiene como si esos problemas no tuvieran nada que ver con ellos, como si sufrieran de un problema de autorreconocimiento?

3.1.      Primer supuesto. Una masa influenciable, que no ve la opresión o actúa frente a ella con impotencia.

Para evaluar este primer supuesto, hay dos factores que podrían considerarse: la educación brindada por el sistema educativo y la transmisión cultural generada por los medios de comunicación.

-Desde una perspectiva crítica, la educación formal desarrolla un tipo de personalidad basada en la aceptación, el conformismo y la obediencia, que podrían contribuir a reforzar la idiosincrasia de la sociedad chilena. Como dice Torres, la educación formal, a través de políticas educativas de inspiración neoliberal, fomenta un tipo de personalidades acordes con el ideal de sociedad que las élites gobernantes avalan (...) Para ello, los sistemas educativos priorizan cierto tipo de contenidos culturales, competencias y valores; áreas de conocimiento y materias, minimizando otras, todo ello podría sustentar la viabilidad de formar personalidades neoliberales, conservadoras y neocoloniales (Torres, 2017).

-Los medios de comunicación tanto a través de informes de prensa como de programas misceláneos o de entretención, refuerzan los valores neoliberales (Couldry, 2010, p. 73), ofreciendo una lectura desproblematizada de la realidad social, naturalizando los problemas sociales o incluso romantizando el esfuerzo de quienes viven situaciones difíciles

-una enfermedad catastrófica, una pensión que no alcanza, trabajar en la vejez, el desempleo, por nombrar algunos fomentando una cultura del esfuerzo individual y validando la responsabilidad personal como única explicación a las dificultades, ignorando la responsabilidad estructural del sistema económico y político. A través de la invisibilización, individualización, estigmatización y espectacularización del fenómeno, los medios de comunicación producen y reproducen pobreza, aunque no sea de modo intencionado (Maldonado, 2017, p. 53)

Así, la educación formal y la transmisión cultural desde los medios no permiten desarrollar un espíritu crítico para cuestionar la realidad, configurando una personalidad sumisa y conformista frente a los acontecimientos que acontecen.

Este estado de cosas corresponde a lo que Gramsci llamó hegemonía, esto es, un poder “blando”, que para mantener su autoridad no necesita de coerción violenta. La hegemonía no es algo que los gobiernos puedan lograr por sí solos; requieren la complicidad activa de la población que administran. Como es obvio, la revolución es imposible en tales condiciones, lo que hace que la cultura termine siendo una herramienta más potente para controlar que las armas. Para Gramsci, la señal más clara de esto es la voluntad de una población no solo de tolerar condiciones de vida y de trabajo terribles, sino también de estar dispuestos a morir para preservarlas (Buchanan, 2010). Esto, debido a elementos psicoanalíticos que entrarían en juego que harían que los perjudicados por la opresión terminaran sintiéndose identificados con sus agresores (Gandesha, 2018). Esto confirma lo que plantea Couzens, cuando señala que lo que está en juego es la ideología: cuando un grupo de agentes consigue que otro grupo de agentes haga lo que quiere moldeando sus deseos, los oprimidos parecen terminar deseando desear hacer lo que los opresores desean (Couzens Hoy, 2004, pp. 198–199).

Segundo supuesto. Las personas no se sienten tocadas por los problemas estructurales que viven.

¿Cuestión de autorreconocimiento?

Es de conocimiento público que un rasgo frecuente de la sociedad chilena es el arribismo o ser aspiracional. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2002, dedicado a analizar la cultura chilena, da cuenta de este rasgo tan propio de nuestra idiosincrasia (Ortega et al., 2002, p. 29). Desde este rasgo el supuesto que exploramos a continuación consiste en que desde el arribismo las personas actúan como si no estuvieran afectadas por dificultades económicas o sociales, ya que pertenecerían a un estatus superior.

Para evaluar este supuesto, exploraremos dos elementos: que exista un problema de autorreconocimiento por nuestros orígenes coloniales, y/o que exista un problema de autorreconocimiento por el fomento de personalidades neoliberales. Esto, porque responder a la pregunta sobre por qué la sociedad chilena ha actuado tan pasivamente frente a las injusticias que le han aquejado, demanda intentar entender primero por qué es tan difícil que las personas se reconozcan como parte de los grupos desfavorecidos en el conjunto social.

Orígenes coloniales. Una posible explicación de nuestra falta de autorreconocimiento es tener un problema de identidad originada en nuestra condición de haber sido colonizados, rechazando ser identificados con aquellos que históricamente han sido maltratados. Como plantea Gómez y Canessa, existe un mecanismo social para distinguirse de los menos favorecidos, que se origina en una conexión entre valores y emociones en los procesos de reconocimiento/ desconocimiento de las comunidades, que desarrolla un “afecto por las ciudadanías preferenciales, que deriva en una admiración por los estereotipos blancos occidentales, generando simpatía por la ciudadanía preferencial, buscando identificarse con ellos para escapar de la vergüenza colonial, es decir, de la vergüenza de ser constantemente etiquetados como ignorantes, brutos, pobres, negros, indios, subdesarrollados, tercermundistas, u otros calificativos ‘peyorativos’ “ (Gómez & Canessa, 2019).

Personalidades neoliberales. Otra posible explicación de nuestra falta de autorreconocimiento es el fomento de personalidades neoliberales que hace la cultura social. Siguiendo a Torres, con personalidades neoliberales nos referimos a:

“El ser humano neoliberal vive obsesionado con la búsqueda del interés propio y en constante competencia y comparación con los demás. Es una persona competitiva que vive en un mundo de eficacia, eficiencia y rendimiento, que comercializó todas las áreas de su sentido común. Dirige su vida en términos de costo beneficios, buscando la rentabilidad económica como empresa. Asume una racionalidad positivista, considerando el conocimiento y los datos derivados de este paradigma como objetivos, neutrales, cuantificables, consumibles, estandarizables, etc. Percibe la racionalidad económica, empresarial y las recetas tecnocráticas con las que toma decisiones, decide procesos y evalúa su eficacia como despolitizado (...) Es una personalidad autoritaria, ya que carece de contenidos, procedimientos y valores sociales que lo lleven a contemplar el bien común y la justicia social. En sus interacciones, todas las personas son instrumentalizadas, tratadas como mercancías. Sobre todo, es lo que Amartya Sen llama “tontos racionales”, es decir, Homo economicus y Homo consumans, como personas sin sentimientos, sin moral, sin dignidad, sin preocupaciones ni compromisos interpersonales y sociales. Estamos ante personalidades fuertemente individualistas y egoístas que consideran que los demás son rivales a vencer en este mundo de autoempresarios” (Torres, 2017, p. 71)

En la cultura chilena es posible observar varios elementos que favorecen el desarrollo de estas personalidades neoliberales, como, por ejemplo:

El fácil acceso al crédito para compensar -o disimularla pobreza, lo que dificulta la identificación con la clase trabajadora o la clase baja. Como lo explica Enciso describiendo la sociedad española en términos muy similares a la chilena: “durante los años de bonanza económica una buena parte de la población española han creído que eran ricos, y sintieron que formaban parte de la clase media. Vieron incrementar su capacidad de consumo, gracias al aumento de los ingresos, pero sobre todo debido al crecimiento del endeudamiento (...) favoreciendo esa ilusión de pertenencia a una clase social media” (Enciso Rodríguez, 2013) En Chile, esto no sería más que la satisfacción de necesidades vía endeudamiento (Sáez, 2014)

El uso de un lenguaje que confunde la identidad. Por ejemplo, denominar microempresarios a las personas que realizan una pequeña empresa, cuando se sabe que las denominadas microempresas son empresas del hogar que son actividades de subsistencia más que de negocio (Sáez, 2020). Otro ejemplo es el uso del término “clase media”. Como señala el economista e investigador de Fundación SOL Marco Kremmerman “clase media” es un concepto que utilizan las clases dominantes para despolitizar las relaciones de poder en la sociedad, cuando se trata más de amplios sectores vulnerables y precarios. Cuando se nombran clases sociales en la prensa, “clase media” es la única clase social que se nombra, pues para las demás se utilizan eufemismos: no se habla de clase alta sino de “sector empresarial”, ni de clase baja, sino de “sectores vulnerables”. Al negar la existencia de otras clases, se niega su existencia, sus intereses antagónicos, y con esto se desproblematiza la relación entre ellas (Kremmerman, 2020).

Los cambios en el mercado laboral promueven la competencia al tiempo que aumentan la incertidumbre por la seguridad laboral. El mercado del trabajo, con regímenes laborales cada vez más desregulados y trabajo flexible, ha ido minimizando la protección social y maximizando la desigualdad, lo que ha puesto a los trabajadores en una posición vulnerable, lo que ha dado lugar a nueva clase social, el precariado (Standing, 2011). Este término es un neologismo resultante de las palabras precario y proletariado, y alude a un proceso en el cual el sujeto es sometido a presiones y vivencias que lo llevan a vivir una frágil existencia en el presente, sujeto a incertidumbres sobre el futuro, con una identidad insegura y carente de un sentido de desarrollo posible a través del trabajo y el estilo de vida, producto de las políticas neoliberales que han flexibilizado el mundo del trabajo (Standing, 2011, p. 16). Pone en un mismo grupo a trabajadores de diferente nivel de calificación en trabajos de alta precariedad, lo que da lugar a una clase sin memoria colectiva común y con frágil solidaridad.

Es papel de una investigación adicional el explorar en mayor profundidad estos elementos para explicar la pasividad política de la sociedad chilena frente a las injusticias que ha enfrentado a lo largo de su historia. Estos elementos creemos son importantes de considerar porque los argumentos son razonables para hacer la relación entre estos rasgos idiosincráticos y el concepto central de esta discusión, la alfabetización política.

En el próximo apartado, retomamos la discusión sobre alfabetización política esta vez desde una perspectiva de educación para el contexto chileno.

4)       El papel que la educación para contribuir a mejorar la capacidad de agencia de las personas, considerando la alfabetización política como un elemento clave.

Bajo la comprensión de la justicia social como reconocimiento (Honneth, 1995) y falta de opresión institucionalizada (Young, 2011), cualquier esfuerzo por conquistar más justicia social debe considerar empoderar a las personas para enfrentar esta opresión. El concepto de alfabetización política es central para ser considerado por cualquier proceso educativo preocupado por desarrollar una sociedad más autónoma, ya que está conectado con un sentido de responsabilidad personal para adquirir una voz crítica propia para hablar sobre el mundo, en lugar de repetir las explicaciones de los demás.

En este proceso de alfabetización política, es fundamental considerar ser capaces de observarnos en nuestra forma de interactuar con el medio pues afectamos a los demás: si las personas son tratadas como medios para fines, de manera instrumental, se reducen las posibilidades de desarrollar la conciencia y la capacidad de acción, y con ello su capacidad de agencia. Puede decirse entonces que la alfabetización política, como capacidad adquirida, no es espontánea, ya que requiere educadores conscientes de su responsabilidad en relacionarse con los demás de tal forma que no se reproduzca esta racionalidad técnica.

Entonces, la necesidad de educadores capaces de transmitir una racionalidad diferente es crucial. Una racionalidad que renuncie a su afán de dominación y busque generar un espacio comunicativo y dialógico para que las nuevas generaciones encuentren formas más humanas de relacionarse. Esto tiene que ver con la experiencia de poder que todo educador ofrece a sus estudiantes a través de la relación que ofrece, en un currículo oculto que se transmite continuamente (Echeverría De la Iglesia, 2022). La formación de docentes en esa dirección es el propósito del trabajo que inspira esta investigación, y es una discusión que hago en otro lugar.

La alfabetización política es entonces una tarea urgente a realizar como parte de la formación humana, para protegernos de la deshumanización a las que nos expone el sistema imperante. En este sentido, es pertinente lo que plantea Giroux, respecto a que los educadores críticos y los trabajadores en todos los niveles de la sociedad deben asignar al tema de la alfabetización política y cultural la máxima prioridad (Giroux, 2005, p. 152).

 

Cierre

Considerando la historia chilena y el actual contexto neoliberal, en el que las decisiones de unos pocos han sido impuestas a las mayorías, es importante considerar un enfoque crítico de la justicia social para visibilizar la existencia de la opresión, y la alfabetización política, como capacidad para enfrentarlo. El primero, esclarecedor para entender que los problemas chilenos pueden entenderse desde una perspectiva crítica de la justicia social –opresión institucionalizada y falta de reconocimiento–; y el segundo, como un concepto clave para ayudar a empoderar a las personas para que puedan hacer frente a las injusticias sociales.

En el escenario chileno, la justicia social entendida como el aprendizaje de la distribución equitativa del poder que requiere cómo compartir el poder y cómo reclamarlo-, parece más urgente que nunca, así como una educación que lo modele, enseñe y fortalezca.


 

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