ARTÍCULO DE REVISIÓN Recibido: 07/10/2024
Aprobado: 31/10/2024
del nuevo
milenio, 2002-2021: un análisis a la luz de
la literatura especializada en la cuestión*
an analysis in light
of the specialized literature on the issue
Luis Carlos Castro Riaño
Magíster en Ciencias Sociales UNLP.
Estudiante de doctorado
UNLP
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4033-5089
DOI: https://doi.org/10.22267/rceilat.245455.130
El Paro Nacional del 28 de abril de 2021 puso en evidencia una serie de cambios en lo que se refiere a las acciones de la protesta social en Colombia, considerada en trayectoria reciente. En este artículo de revisión se indaga por cuáles son dichos cambios, en qué consisten en concreto, cómo se los ha abordado, a qué factores se les atribuyen y qué resta por examinar al respecto. Procurando responder a estas inquietudes, se acude a un análisis cualitativo de la literatura especializada en la protesta social en el país, en lo que va del siglo en curso. La técnica implementada es el análisis documental. En este sentido, el ejercicio pasó por una revisión de más de cincuenta textos entre libros, capítulos de libros y artículos de investigación indexados. El fin último es ofrecer una contribución para el emprendimiento de nuevos estudios sobre el 28A en particular y/o la protesta social en general, dirigida especialmente a quienes recién se introducen en la temática.
Palabras clave: acción colectiva, discurso, disrupción, liderazgo, organización.
The National Strike of April 28, 2021 revealed a
series of changes regarding the actions of social protest in Colombia,
considered in recent history. This review article investigates what these
changes are, what they specifically consist of, how they have been addressed, what factors they are attributed to, and what remains
* Este artículo
es el producto de la adaptación del proyecto de tesis doctoral
en Ciencias Sociales titulado “¿Qué hay de nuevo en la revuelta?
Estudio sobre las transformaciones de las acciones de la protesta social en
Colombia, en el contexto del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, en las ciudades
de Bogotá y Cali: Un análisis retrospectivo, con enfoque holístico, desde
2002”.
to be examined in this regard. Seeking to respond to
these concerns, a qualitative analysis of the literature specialized in social
protest in the country, so far in the current century, is used. The technique
implemented is documentary analysis. In this
sense, the exercise
involved a review
of more than fifty texts,
including books, book chapters, and indexed research
articles. The ultimate
goal is to offer a contribution to the undertaking of new studies
on 28A in particular and/or social protest in general, aimed especially at
those who are just entering the subject.
Keywords: collective action, discourse,
disruption, leadership, organization.
A lo largo de las últimas dos décadas los colombianos vivimos varias olas de protestas que concluyeron –por ahora– con una eclosión extraordinaria de múltiples expresiones de inconformismo social, desatadas en el marco del Paro Nacional del 28 de abril de 2021 (28A). Se trató de una jornada sin precedentes en la historia reciente de las luchas sociales en el país, que todavía no cuenta con una definición unívoca, aunque la más común es la de “estallido social” (Álvarez, 2021; Archila y García, 2023; Azuero,
2023; Celis, 2023; Lozano, Montoya y
Nossa, 2023; Medina, 2023; Molano, 2023; Vélez y Vargas, 2023). Por cierto, la denominación no deja de ser objeto de discusión entre analistas, pues a razón de los rasgos del fenómeno, también se lo ha aludido como “gran paro nacional”, “levantamiento social”, “huelga de masas” e inclusive “rebelión social y popular” (González, 2022; Vega, 2022; Escobar, Jiménez y
Puello, 2023).
El episodio se registró en varias ciudades del territorio nacional, principalmente en Bogotá, capital del país, y Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Se caracterizó, entre otras cosas, por la masificación de los asistentes, la magnitud de los reclamos, el radicalismo de las acciones de confrontación y su prolongación, durante más de dos meses. Los motivos que lo atiza- ron, de acuerdo con la literatura que se especializa en la jornada (Cruz, 2022; González, 2022; Vega, 2022; Archila y García, 2023; Estrada, Jiménez y Puello, 2023; Medina, 2023), expresaban las contingencias económicas provocadas por la pandemia del Covid-19, ciertos casos de violencia excesiva por parte de la fuerza pública, que condujeron a la muerte de varios jóvenes entre 2019 y 2020, y varias demandas de tipo social acumuladas durante años. Sin embargo, el hecho que desbordó los ánimos fue el intento del gobierno nacional de gravar los productos de la canasta básica, en ese contexto, vía reforma tributaria.
Todos estos aspectos dan cuenta de cambios profundos de la protesta social en el país, en materia operativa, si se la piensa en relación a su devenir a lo largo de las últimas décadas. Por consiguiente, cabe preguntarse cuáles son y en qué consisten en concreto, cómo se los ha abordado, a qué factores se les atribuyen y qué resta por examinar al respecto. El propósito de este artículo es resolver estos interrogantes de acuerdo al análisis de la producción bibliográfica de las luchas sociales en el país, entre 2002 y 2021.
El fin último es ofrecer una contribución, dirigida especialmente a quienes recién se introducen en la temática, para el emprendimiento de nuevos estudios sobre el 28A en particular y/o la protesta social en general.
El texto presentado resulta de la adaptación del proyecto de tesis “¿Qué hay de nuevo en la revuelta? Estudio sobre las transformaciones de las acciones de la protesta social en Colombia, en el contexto del Paro Nacional del 28 de abril de 2021, en las ciudades de Bo- gotá y Cali: Un análisis retrospectivo, con enfoque holístico, desde 2002”; trabajo elaborado en el marco de estudios doctorales en Ciencias Sociales. Su producción tardó un poco más de siete meses de dedicación completa. El método que lo orienta es cualitati- vo y la técnica consistió en el análisis documental o de contenido (Marradi, Archenti y Piovani, 2018). En este sentido, el ejercicio pasó por una revisión de más de cincuenta textos entre libros, capítulos de libros y artículos de investigación indexados; no obstante, se aluden aquí únicamente los referentes más destacados en términos de citaciones bibliográficas.
Así, teniendo en cuenta la tipología textual de estas fuentes, se optó por el “análisis de contenido semántico” y se estudiaron las relaciones entre los aspectos que examinan. Para ello, se definió una estructura significativa a razón de las preguntas formuladas anteriormente y se consideraron todas “ocurrencias” que concordaban con ella (Marradi, Archenti y Piovani, 2018: 427). El recorte temporal obedece al incremento de las luchas sociales que muestran las estadísticas durante las primeras décadas del siglo en curso1.
El escrito se organiza en cuatro apartados más. Atendiendo al propósito indicado y por ende a los resultados de esta investigación, en el siguiente apartado se presenta el estado de la cuestión y se hace énfasis tanto en los enfoques como en los vacíos epistémicos de la literatura analizada. Atendiendo al fin último, en el tercer apartado, se presenta el problema de investigación que subyace a dichos aspectos; luego, en el cuarto apartado, se sugiere un marco teórico apropia- do para abordarlo; y finalmente, en el quinto apartado, se considera la importancia de preguntar por los pro- cesos causales que han precipitado las acciones de protesta registradas recientemente en el país, y se esbozan algunos objetivos a seguir, con el fin de avanzar en esa dirección.
El estado de la cuestión se organiza avanzando de lo general a lo particular, de acuerdo al orden cronológico ascendente en el cual se desarrolla- ron las protestas más prominentes en el país entre 2002 y 2021. En este sentido se pueden extraer cuatro características preliminares de todo el periodo, a razón de los registros estadísticos que viene realizando el Cinep2 sobre las “luchas sociales” en
1.
Ver gráfico anexo el final de las conclusiones.
2.
Centro
de Investigación
y Educación Popular. Fundación
sin ánimo de lucro, perteneciente a la Compañía de Jesús. Se especializa, desde
su creación en 1972, en el registro y estudio de los movimientos de protesta social en el país.
Colombia desde 1975. Primero, que, en términos de tendencias, las protestas han mostrado un incremento progresivo a lo largo de este siglo, que inicia paulatinamente en 2002, con procesos de alta convergencia y con picos altos en 2007, 2011, 2013, 2019 y 2021; punto de inflexión en que se desbordaron todos los registros históricos. Segundo, que entre estos episodios se desarrollaron muchos otros de menor impacto, aunque no por ello menos importantes; sobresalen los de 2008, 2014, 2017 y 2018. Tercero, que en todos predominaron las “dinámicas de confrontación” y la modalidad de las protestas fue la de “paro”3. Y cuarto, que por lo menos hasta fina- les de la segunda década de este siglo sus protagonistas fueron los asalaria- dos, campesinos, pobladores urbanos, estudiantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto interno, mujeres, población LGTBIQ+, trabajadores independientes, gremios y reclusos (Archila, 2010; 2018; 2019; Archila et at., 2014;
Archila y García, 2023; García, 2019).
Así, el incremento paulatino de las movilizaciones al iniciar este milenio
3. Esta modalidad de protesta ha perdido
fuerza como expresión de la unidad de acción temporal de diferentes
fuerzas sindicales, en relación con las luchas sociales del siglo
pasado en el país, pero se ha resignificado,
como manifestación huelguística de todo el pueblo, en lo que va del siglo XXI.
De acuerdo con González (2022, p 41), en el caso del 28A, la denominación de
“Paro Cívico Nacional es la que parece ajustarse mejor a las características de la convocatoria pues los protagonistas son las multitudes plurales. Existe en la acción
de protesta y no desde la huelga empresarial o el paro decidido por
asalariados”.
se explica por la adhesión del presidente Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010, a la guerra de Bush contra el terrorismo4. Esta postura, enmarcada en su “política de seguridad democrática”, le permitió negar el conflicto armado interno, declarar a sus detractores políticos como terroristas y estigmatizar a los movimientos sociales como brazos de los grupos armados al margen de la ley (CHCV, 2015; Archila, 2018). El pico de protesta registrado en 2007 fue el producto del recrudecimiento de la violencia que produjo esa visión y de la movilización osada de las víctimas. En sintonía con este episodio, las dos jornadas más relevantes que se registraron en 2008 tenían por objeto el repudio contra el secuestro y otros flagelos del conflicto, que cumplía en ese tiempo más de cincuenta años. Ambas se realizaron bajo la modalidad de marcha. La primera, denominada “Un millón de voces contra las FARC” (Medina, 2022), se destacó por ser una iniciativa ciudadana, por la magnitud de personas que se movilizaron a favor de la causa, por el apoyo de los grandes medios de comunicación y, paradójicamente, porque fue capitalizada por el “uribismo” para justificar la eliminación de la insurgencia armada por vía militar (Archila, 2010).
El pico registrado en 2011 se debe a la lucha estudiantil contra el proyecto de reforma a la ley de educación superior. Este se alimentó de la
4. Ofensiva internacional, lanzada por Estados Unidos bajo la administración de George
W. Bush y apoyada
por la OTAN. Tenía por propósito acabar con el terrorismo
internacional, eliminando sistemáticamente a grupos como “Al Qaeda”.
influencia de olas de protestas como la Primavera Árabe 2010-20125 o el movimiento estudiantil chileno que, entre otras cosas, adelantó jornadas por motivos similares con los estudiantes colombianos en el mes de octubre de ese año. El proyecto fue presentado ante el Congreso Nacional en las dos presidencias de Juan Manuel Santos, 2010-2018, y se proponía, en pocas palabras, la mercantilización de la educación pública universitaria (Acevedo y Correa, 2016; Cruz, 2017a). El pico de 2013, protagonizado por indígenas y campesinos, resulta de dos procesos políticos puntuales: la apertura democrática que significó el inicio de los diálogos de paz con las FARC en 2012; y la crisis que padeció el sector agrario por los ajustes económicos y la profundización del modelo neoliberal, aplicado en este gobierno bajo la política de las “Cuatro locomotoras del desarrollo” (Cruz, 2017a; González, 2019). En consecuencia, con el paro estudiantil se consiguió el retiro del proyecto reformista; con el agrario se logró establecer un pacto de carácter económico.
Estos factores, de acuerdo con los especialistas, continuaron atizando los ánimos de las movilizaciones los años siguientes. En 2014 el sector agrario continuó siendo el protagonista de las expresiones de inconformismo social a raíz del incumplimiento del pacto establecido con el gobierno el año anterior (Cruz, 2017a). En 2017 se desta
5. La
primavera árabe se refiere a una serie de levantamientos multitudinarios que se
extendió en medio oriente, entre 2010 y 2012, y derrocó a los dictadores de
Egipto y Libia (Pleyers, 2018).
caron las protestas de las comunidades afrocolombianas de Buenaventura, en contra de la violencia, la corrupción y la poca presencia Estatal en esa ciudad y la región (Medina, 2023). En las jornadas de 2018 los estudiantes asumieron el protagonismo nuevamente, en pro de una disputa que tenía por objetivo el aumento del presupuesto anual para la educación pública superior. (Atehortúa, 2020; Vega, 2022). En estos episodios y en los posteriores varios estudios se detienen en el postconflicto Estado-FARC y coinciden en que fue determinante para la emergencia de la protesta, en la medida en que permitió la actualización de demandas acalladas por la guerra y significó el acceso a un nuevo escenario de violencia contra excombatientes desmovilizados y contra líderes sociales (Cruz, 2022; C. González, 2022; Vega, 2022; Estrada et
al., 2023).
Los picos de 2019 y 2021 son considerados como el efecto de dichos factores y parte de un ciclo de jornadas de protesta vividas a nivel regional en países como Ecuador, Haití o Chile, con el “estallido social” del 18 de octubre de 2019 que se precipitó igualmente a raíz de ajustes de corte neoliberal (Castro, 2019; Celis, 2023; Estrada et al., 2023). Ambos episodios se desarrollaron durante el gobierno de Iván Duque, 2018-2022, en el marco de dos paros nacionales inhabituales: el 21 de noviembre de 2019 (21N) y el 28A. Analistas como Vega (2022) o Estrada et al. (2023) advierten sobre los vínculos entre uno y otro e indican que, en materia de demandas, el segundo representa la continuación y radicalización del primero.
Al 21N lo explican el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz, el rechazo a lo que se conoció como el “paquetazo económico de Duque”6, el asesinato de líderes sociales incrementado por aquellos años, y el repudio al abuso excesivo de la fuerza pública, especialmente luego del asesinato de un estudiante de bachillerato que participaba de las protestas por aquellos días. Las explicaciones del 28A, y la eclosión extraordinaria de múltiples expresiones de inconformismo social desatadas tras su convocatoria, contemplan estos aspectos y otras causas coyunturales que mencionan analistas como Cruz (2022); Vega (2022), González (2022), Archila y García (2023), Estrada et al. (2023) o Medina (2022; 2023). A saber: las contingencias políticas, económicas y sociales que produjo el Covid-19 (desempleo, hambre, descontento, enfermedad física y mental, etc.); el asesinato de varios jóvenes en septiembre 2020, en Bogotá, a manos de la policía nacional; el incumplimiento del Estado a las demandas de todos los movimientos y protestas sociales de esa década; la intensificación de la violencia ejercida por la fuerza pública; y un agravante más: la presentación en el congreso de un proyecto de reforma tributaria que se proponía, entre otras cosas, bajo el irónico título de “Ley de seguridad sostenible”, el arancelamiento de los productos de la canasta básica familiar, para el beneficio de los grandes capitales. Estos análisis, en
6. Se
trató de una serie de medidas “regresivas” de tipo laboral, pensional, tributario y
financiero que incluían la profundización de la privatización del patrimonio
público (Rincón, 2019).
general, destacan varias “transformaciones”, “mutaciones” o “novedades” significativas en las acciones o “repertorios” de movilización, con relación a otras protestas del periodo, solo que las explican de acuerdo a dichas causas.
En lo que respecta a las acciones de liderazgo los estudios dan cuenta de la participación de diversos sectores e indican que las juventudes asumieron un papel relevante, presionadas por las crisis y problemas que desató la pandemia. Esta novedad aquí se interpreta como el relevo de las movilizaciones monosectoriales por el florecimiento de las protestas multisectoriales. En efecto, González (2022:196) coincide con el predominio juvenil de la protesta y observa que se trató de “sectores empobrecidos por condiciones históricas y sistemáticas de explotación, racismo, marginación y estigmatización”. Vega (2022, p. 368) indica que los jóvenes expresaron su fuerza vital porque “en su vida se reflejan todas las miserias del capitalismo realmente existen- te” en el país. Estrada et al. (2023, p. 51) afirman que se trató de una nueva clase trabajadora, conformada por los movimientos sociales y populares existentes, destacada a su vez por la colaboración activa de “las y los jóvenes”. Cruz (2022, p. 16) describe una asistencia multitudinaria “con un carácter marcadamente transversal, comprometiendo participaciones masivas, interclasistas, intersectoriales, urbanas y con una gran participación de jóvenes y mujeres”. Archila y García (2023) resaltan el protagonismo de sectores “variopintos” en especial de los llamados jóvenes “sin” (sin trabajo, estudio o perspectivas laborales), e indican que a medida que avanzaba el tiempo aparecían más grupos y demandas. Y Vélez y Vargas (2023, p. 14), en un trabajo donde ordenan y presentan como material de investigación los testimonios de jóvenes que participaron de las movilizaciones en la ciudad de Cali, sostienen que ese sector constituyó “una de las principales fuerzas en las calles” y que el sentido más profundo del estallido fue su deseo por “dignificar” su vida. Sin embargo, es de anotar que en to- das estas valoraciones las alusiones sobre la transformación en sí son más bien descriptivas. En consecuencia, la novedad queda subsumida a factores estructurales que no dan cuenta de otros aspectos, igualmente relevantes, como las trayectorias de dichos liderazgos. Además, los pocos textos que abordan los antecedentes generalmente delimitan el estudio al periodo de gobierno de Iván Duque.
Los análisis de las organizaciones que promovieron las jornadas de lucha a lo largo del periodo relacionan el aumento de organismos aglutinadores con el incremento de las movilizaciones (Archila et al., 2019). Según Cruz (2017a, p. 23; 2017b), las protestas presenciadas entre 2010 y 2016 serían el resultado de una “recomposición organizativa” desarrollada en esos años por actores como el campesina- do, el estudiantado o los indígenas. Así, se explica el surgimiento de organizaciones como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en 2011; el empoderamiento en el mismo año de otras activas, tiempo antes, como el Consejo Regional Indígena del Cauca; y el
nacimiento de estructuras como Dignidad Agropecuaria o la Mesa Nacional Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdo, entre 2013 y 2014. Este razonamiento también es aplicable para los picos de 2019 y 2021 si se considera que ambos, de acuerdo con autores como Medina (2022; 2023), Archila y García (2023), fueron convocados por el Comité Nacional del Paro (CNP) y que ese organismo surgió en la antesala del 21N, por la articulación de centrales obreras, organizaciones estudiantiles, cívicas, de pensionados, de indígenas y de campesinos.
Lo extraordinario en el contexto del 28A es que varios sectores que también se manifestaron, algunos de ellos emergentes, se desmarcaron de la representación que asumió este comité. Por ejemplo: los jóvenes “sin”, los veganos, los animalistas, los afrocolombianos, las feministas o la comunidad LGTBIQ+. Céspedes y Acevedo (2022) indican que las organizaciones con trayectoria de lucha, si bien jugaron un papel importante en relación al acompañamiento jurídico y pedagógico, no representaron al grueso de los actores que participaron de las protestas, como sí lo hicieron los jóvenes en general con sus acciones organizativas encaminadas a su propia protección física. Estrada et al. (2023) señalan en la misma dirección que en 2021 emergieron nuevas formas de organización, que expresaron un carácter descentralizado, en la medida en que las fórmulas y los formatos organizativos destacados fueron las asambleas en diferentes escalas, barriales, locales, regionales, en paralelo a los comités.
Estos cambios se infieren aquí como el tránsito de la conformación de organizaciones para la representación política por la creación de plataformas por y para la resistencia física de los manifestantes en sus puntos de resistencia. Tal es el caso de las denominadas “Primeras Líneas” (PL) que se constituyeron en capitales como Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Pasto o Cali, ciudad donde lograron crear la Unión de Resistencias de Cali (Cruz, 2022; Archila y García, 2023; Lozano
et al., 2023; Medina, 2022; 2023).
Dos argumentos comunes suelen satisfacer la explicación a esta novedad. El primero aduce una pérdida de miedo a la protesta, que se relaciona con la apertura de las negociaciones de paz entre Estado-FARC y la firma de los acuerdos resultantes en ese proceso (Archila y García, 2023; Cruz, 2022). El segundo hace hincapié específicamente en el deterioro económico, acelerado por la pandemia y lo asume como el elemento catalizador del evento (González, 2022; Medina, 2022; 2023; Vega, 2022; Estrada et al., 2023). Por supuesto también hay estudios que se detienen en los atributos de las PL. Por ejemplo, Lozano, Montoya y Nossa (2023) que analizan, entre otros aspectos, el origen, la composición, la estructura, las prácticas asamblearias que implementaron, su transformación en procesos organizativos y sus rupturas con las comunidades barriales. No obstante, tanto estos análisis como aquellos omiten las dinámicas de interacción previas entre los individuos que se articularon y las organizaciones con trayectoria en la protesta, que potenciaron la emergencia y consolidación de estas plataformas de organización. Dicho de otro modo, mientras que la atención se concentra en la configuración in situ de la organización y en los aspectos exógenos que precipitaron las protestas, se le resta valor al entramado social y cultural, conformado con anterioridad a las mismas, y se alimenta la idea de la espontaneidad como factor determinante del episodio.
Los estudios que observan los motivos señalan una tendencia histórica en el incremento de las reclamaciones políticas o generales, en detrimento de las denuncias y reivindicaciones de carácter gremial o particular, que inicia entre la primera y la segunda década de este siglo, a raíz principalmente del desescalamiento del conflicto (Cruz, 2017; Archila, 2010; 2018; 2019; A
chila et at., 2014; Archila y García, 2023; Delgado, 2013). La tesis de maestría de Guzmán (2020) pone en evidencia esta novedad desde otro enfoque y hace un aporte interesante, mediante la comparación de las demandas entre la marcha “un millón de voces contra las FARC” y el paro nacional del 21N. En ese trabajo se indica que el fenómeno se debe principalmente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) y al uso de las redes sociales; pericia que se viene implementando en el país precisamente desde esta marcha y que se arraigó con las movilizaciones estudiantiles de 2011 (Acevedo y Correa, 2016; Cruz, 2017). Parafraseando al autor, a partir de la familiarización con estos medios la ciudadanía “se mira a sí misma y a su entorno desde una perspectiva participativa y universal”, independiente de partidos políticos o líderes específicos, que le permite integrarse masivamente a las protestas (Guzmán 2020, p. 68).
La tendencia política y el arraigo de las TIC continuó durante los picos de 2019 y 2021, pero en estos episodios también se recuperaron reivindicaciones históricas y se incorporaron nuevas, de carácter coyuntural y alcance antisistémico (Estrada et al., 2023). En las jornadas del 28A, en particular, se enarbolaron cientos de reclamos de todo tipo y aumentaron las demandas por los derechos fundamentales en sentido integral, al igual que por el incumplimiento de pactos previos. Archila y García (2023) afirman que el crecimiento fue significativo y que se venía presentando paulatinamente desde 2013, por las contravenciones de las concertaciones hechas con organizaciones y movimientos sociales en el primer gobierno de Juan Manuel San- tos. González (2022, p. 83), en la misma línea, sostiene que ese rasgo resultó de la diversidad de sectores movilizados, expresó la “desorganización y el caos en la gran insubordinación social”, y sintetizó el “rechazo al modelo neoconservador y neoliberal dominante”.
En este sentido se evidencian dos transformaciones en relación a las acciones discursivas, una referida al número y otra referida al contenido, que encuentran sus explicaciones específicamente en las dificultades para satisfacer las necesidades básicas, en el contexto del 28A. Sin embargo, la transformación sustancial se evidencia en las formas como se interpretó el contexto: comunicados, peticiones e informes se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, compuestos de términos e interpretaciones que, en comparación con episodios anteriores, no aludían propiamente a un sujeto o grupo social específico como eje de articulación, sino que interpelaban las emociones como elemento legitimador de la lucha. Es el caso, por ejemplo, del término “dignidad”, implementado para dar cuenta de la falta de condiciones para una vida digna (Lozano et al., 2023) y para agrupar las prácticas de resistencia bajo una misma bandera (Vergara et al., 2023).
Dos tesis de maestría permiten apreciar más a fondo esta dimensión: por un lado, está la tesis de Pauli (2023) en la cual las emociones se asumen como elementos políticos activos de la protesta, y se examinan las vivencias de los jóvenes que participaron del estallido. Por otro lado, está la tesis de Barrero (2023) en la que se estudian las confrontaciones simbólicas de las protestas entre 2018 y 2022, y se analizan, en imágenes y discursos, términos como “vándalos”, “héroes” y “gente de bien”. En la primera tesis se resalta el papel de la indignación en el desarrollo de las movilizaciones y se afirma que activa modos de resistencia frente a situaciones adversas; en la segunda se destaca el lenguaje implementado por los sectores movilizados para representar la otredad a través de él.
Ambas autoras abordan dos elementos analíticos, fundamentales para la materialización de la protesta, que aquí se consideran clave, en materia de aporte analítico: las emociones y los vocabularios. No obstante, metodológicamente hablando, no se percatan de la trasformación de fondo y se remiten a una cantidad reducida tanto de fuentes como de elementos de análisis (en la primera tesis solo tres entrevistas, en la segunda imágenes alusivas a la representación heroica de las fuerzas militares en contraste con las de la PL). Estos detalles omiten los procesos causales específicos que permitieron dotar de sentido tanto los términos que se implementaron como las emociones que aludían. En suma, estas transformaciones en el grueso de la literatura han sido más destacadas por su cantidad que por sus cualidades simbólicas y, en todos los casos, pese a que se menciona el rol de las subjetividades emocionales, la atención se concentra en las disputas entre capital y trabajo o en las vicisitudes particulares de los manifestantes (González, 2022; Cruz, 2022; Vega, 2022; Medina,
2023; Archila y García, 2023; Celis
y Garcés, 2023; Escobar et al., 2023; Giraldo, 2023).
Por último, las investigaciones que abordan las formas de confrontación colectivas dan cuenta de toda una gama de modalidades de lucha que fueron implementadas a lo largo del periodo, con el objetivo específico de alterar la cotidianidad. Éstas se gestaron en su mayoría durante las mismas movilizaciones y con el tiempo se volvieron recurrentes en distintos episodios. En la última década se destacan varias de corte innovador como: las “besatones” y “abrazatones” de 2011 (Cruz, 2017a), los “cacerolazos” de 2013 (González, 2019), o las comparsas y conciertos en movimiento, de 2019 (Cruz, 2022). Ahora bien, durante el 28A se recuperaron modalidades tradicionales como el bloqueo, que se aplicó de manera preminente en las periferias urbanas (Vega, 2022; Archila y García, 2023), y afloraron varias extraordinarias cuya centralidad dada fue la ocupación, la apropiación y la re significación del espacio público (Estrada et al., 2023). Se destaca, la configuración de nuevos puntos de resistencia, por ejemplo, la Plaza de Bolívar por el monumento a los Héroes en Bogotá; y la ocupación permanente de lugares concurridos y su renombramiento (el Portal de las Américas por el Portal de la Resistencia, en Bogotá, o Puerto Rellena por Puerto Resistencia en Cali) (Archila y García, 2023; Medina, 2022; 2023).
La transformación de estas acciones se refleja puntualmente en tres modalidades novedosas en la medida en que sus análisis dejan ver que, además de la perturbación del orden social, también se proponían subvertir las creencias colectivas: primero una violencia en las calles, que no se presenciaba en el país desde el paro nacional de septiembre de 1977 (Medina, 2022), cuyas pérdidas son fatídicas y cuyos indicios sugieren el apoyo de organizaciones al margen de la ley (González, 2022; Molano, 2023); segundo el derribamiento de monumentos, promovido por los indígenas del Cauca; y tercero la puesta en escena de la coreografía “Voguing”, protagonizada por integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
Buena parte de los estudios que abordan el 28A coinciden sobre todo en la primera y la segunda modalidad. Estrada et al. (2023), por ejemplo, las aprecian como los rasgos de una “rebelión social” en proceso. Archila y García (2023, p. 88) indican que esos “repertorios de lucha” evidencian con una gran creatividad simbólica “las transformaciones de los rituales de la protesta y su sentido”. Vega (2022, p. 368, 369) señala que el “derribamiento de estatuas” tiene un significado “hondo” porque “liga el tiempo corto de la movilización de hoy con la memoria de las luchas en el tiempo largo”, al expresar un rechazo tangible contra figuras de la época colonial. Lozano et al. (2023, p. 235) indican que ese acto en particular representa una acción “descolonizadora” en cuanto, para las minorías étnicas, “las estatuas enaltecen una narrativa de dominación blanca sobre las otredades indígenas y negras de Colombia”. Y Ardila et al. (2023, p. 333) afirman que se trató de una expresión de las “luchas por la memoria, en el sentido en que no hay una sola sino múltiples memorias queriendo prevalecer”.
Por otra parte, el “voguing”, la tercera modalidad, que se puede considerar como de género, consiste en un performance artístico que, con bailes y movimientos corporales exagerados, se propone transgredir las posiciones sexuales “binarias”. De este formato mucho no se dice, no obstante, para Azuero (2023), alteró la percepción de los paros al desafiar las formas de expresión socialmente aceptables en ese tipo de acontecimientos.
Estas acciones en especial tuvieron su contraparte interpretativa por el lado del oficialismo de ese momento y de los medios de comunicación tradicionales, entre otros sectores de la sociedad. Por el ejemplo, Diego Molano (2023), ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, reconoce el descontento social, pero afirma que el episodio se trató de un intento de desestabilización institucional, con propósitos electorales y políticos. Sin embargo, ni dichas afirmaciones ni los análisis consultados contemplan cómo es que se ha llegado a semejantes niveles de rebeldía, en sentido procedimental, en este tipo de manifestaciones.
Con todo, se puede aducir que las novedades de las acciones de protesta en el paro nacional del 28A son explicadas, en la literatura especializada, como el producto de la coyuntura, más no como otro de los factores que determinaron la magnitud del episodio. No se pregunta, por lo tanto, por los procesos de producción de las subjetividades que motivaron la protesta ni por su relación con los factores estructurales que la precipitaron.
Pese a que no se profundice mucho sobre el tema, claramente la protesta social presentó novedades importantes en el episodio más notorio de las últimas décadas en el país: El Paro Nacional del 28 de abril de 2021. La hipótesis resultante es la idea de que, entre 2002 y 2020, la movilización social atravesó procesos políticos, pero también sociales y culturales, que nutrieron las acciones de las jornadas de 2021. La importancia de esta cuestión puede apreciarse en varios aspectos del periodo y del 28A además de las transformaciones señaladas: el auge y caída del “uribismo” en la jefatura del Estado; la firma de los acuerdos de paz; la aparición y el arraigo de las re- des sociales; el surgimiento de movimientos políticos de corte progresista; la emergencia de medios alternativos de información periodística o la re significación de la movilización social como un mecanismo factible para el acceso al poder.
Por lo tanto, aquí se propone el análisis de la configuración de las acciones de protesta durante el paro nacional del 28A, en retrospectiva reciente, a través de cinco dimensiones: a) la política, que compete a los procesos y contiendas del ámbito institucional;
b) el liderazgo, que permitió el empoderamiento de jóvenes y mujeres como actores de la protesta y se materializó el relevo de las movilizaciones mono sectoriales por el florecimiento de las protestas multisectoriales; c) la organizativa, que conllevó a pasar de la conformación de organizaciones para la representación política a la creación de organismos destinados para la defensa física de los manifestantes; d) la discursiva, que condujo del rencauche de viejas consignas a la atribución de sentido mediante nuevos vocablos; y e) la disruptiva, que coadyuvó a transitar de la realización de actos para alterar la rutina cotidiana a la combinación de prácticas para subvertir el pensamiento con brotes de violencia exacerbada.
Los estudios especializados hacen aportes valiosos para explicar los factores causales de este fenómeno, pero se concentran particularmente en la dimensión política de los hechos coyunturales. Esa tendencia es discutible. Como se sabe: ni los actores de la protesta actúan motivados únicamente en los procesos políticos o las crisis que se desatan en su desarrollo, ya que también los mueven otras causas colectivas como la camaradería o la solidaridad; ni la protesta se reduce a la confrontación con el Estado, ya que también pasa entre otros procesos por la elaboración de ideas, la creación de identidades y la producción de significados (Tarrow, 2023).
Este sesgo analítico actualiza los debates en torno a la necesidad de concentrarse en el cómo, sin descuidar el por qué, al momento de explicar la naturaleza de los movimientos de protesta social. Pone en evidencia lo que Melucci (2010, p. 109) definió hace ya varios años como “miopía de lo visible” que, en este caso, oscurece las causas mediatas de las transformaciones en cuestión. Así, mientras se observa la relación evidente con la contienda institucional, el contexto social o las crisis económicas, se descuidan dimensiones de análisis, igual o más importantes, que no son reductibles a esos factores. Por ejemplo, la que corresponde a la producción de los códigos culturales de la protesta social. La relevancia y aporte de este artículo consiste en que otorga valor explicativo a estos aspectos, especialmente a los vocabularios y las subjetividades emocionales, para pensar en las trayectorias de los liderazgos, en el devenir organizativo en materia de articulación de actores, en la producción de las denuncias, en las reivindicaciones y en las acciones disruptivas.
El problema de investigación parte del supuesto de que los rasgos de las jornadas de movilización, que tuvieron lugar durante las dos primeras décadas del siglo en curso, también permiten explicar la forma y el contenido de las acciones expresadas durante el 28A. Se sostiene aquí que sus novedades no fueron únicamente el producto de factores político-económicos coyunturales o de expresiones espontaneas. Resultaron, igualmente, de las experiencias adquiridas a razón de las jordanas de movilización de todo el periodo, en particular de las que se llevaron a cabo entre 2011 y 2020; no fueron un efecto puramente coyuntural. Esta inferencia se fundamenta en el incremento progresivo de movilizaciones que señalan las estadísticas del CINEP (Archila, 2010; 2018; 2019; Archila et at., 2014;
Archila y García, 2023; García, 2019). Por ende, se considera que se deben valorar como objeto de estudio, entretejiendo explicaciones de los procesos políticos con un análisis especializado de los factores socioculturales, en perspectiva amplia. Por ejemplo, de la valoración del “uribismo” como ideología política o de la apertura democrática que representaron los acuerdos de paz Estado-FARC, con el examen de la producción de las subjetividades emocionales de la protesta, en episodios diferentes.
La estrategia entonces consistirá en incluir en el análisis la valoración de las cinco dimensiones aludidas en los picos de movilización de alcance nacional del periodo 2002-2021, a partir de los dos ejes elementales que las subsumen: el social, con el cual es posible dar cuenta de los procesos de interacción y los vínculos entre sus actores, sus adversarios y demás sectores de la sociedad; y el cultural, con el cual es viable hacer lo propio en relación a otros factores determinantes de la protesta, como lo son los procesos que insuflaron el inconformismo de la gente para salir a la calle a protestar, en materia de vocabularios y emociones.
En suma, el problema de investigación identificado se articula en torno al debate del “reduccionismo político” en el análisis de la movilización social y al vacío epistemológico que ello genera en el caso colombiano. Por lo tanto, por una parte, se plantea la necesidad de interrogarse por los procesos políticos, pero también por la relación que éstos entrañan con los procesos inherentes a la protesta, en periodos amplios. Por otra parte, se apunta a visibilizar las instancias de producción que antecedieron las jornadas de 2021, cuestionando la idea de la espontaneidad que se atribuye a los factores estructurales que la precipitaron: ¿cómo fue posible que emergieran nuevos liderazgos en medio de un clima sociopolítico que no era del todo favorable para la movilización social?; ¿cómo fueron aprovechadas las experiencias previas para llegar a conformar organizaciones como las PL?; ¿cómo se construyó el sentido de las denuncias, reivindicaciones y acciones disruptivas?; ¿a qué vocabularios de protesta y emociones se apeló en estos procesos y cómo se articularon, unos y otros, con el contexto político?
Las herramientas conceptuales que se sugieren para un análisis riguroso se apoyan en recursos de la teoría de los movimientos sociales y la acción colectiva. Así, se considera aquí que “el acto irreductible” que subyace a la protesta social “es la acción colectiva contenciosa”. Siguiendo a Tarrow (2023, p. 34) la “acción colectiva” se produce la mayoría de veces “en el marco de las instituciones”, de la mano de grupos que actúan tras “objetivos que difícilmente harían levantar una ceja a nadie”. Puede ser “breve o mantenida, institucionalizada o subversiva, monótona o dramática” y se torna contenciosa cuando “es utilizada por gente que carece de acceso regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otros o para las autoridades”. Se trata de un recurso elemental, “del que dispone la mayoría de la gente” para enfrentarse a adversarios o a “Estados poderosos”, que pasa por la constitución de “organizaciones”, la elaboración de “ideologías”, la socialización de éstas y la movilización de un público.
En conformidad con McAdam, Tarrow y Tilly (2005, p. 12), se recomienda asumir a los actores o protagonistas implicados como los grupos o “conjuntos de personas y relaciones entre personas” cuya organización interna e interacción “mantienen una sustancial continuidad en el tiempo y el espacio”. Se distinguen cuatro. 1) “Agentes del gobierno”: miembros del sistema político que gozan de acceso rutinario a los organismos y recursos gubernamentales. 2) “Desafiadores”: grupos constituidos por sectores sociales que carecen de dicho acceso rutinario. 3) “Sujetos”: personas y grupos, no organizados como actores políticos constituidos, que imitan a los desafiadores o toman iniciativas propias a partir de sus acciones. 4) “Actores políticos externos” locales e internacionales: otros sectores de la sociedad que intervienen de forma directa o indirecta en el curso de la protesta.
Se entiende con Melucci (2010, p. 42), que los desafiadores “definen en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y a los fines que persiguen”. Esta perspectiva aporta una serie de elementos analíticos relevantes para aprehender las acciones que implica la protesta social a través de dos ejes diferenciales: el social y el cultural.
En materia de liderazgo, el concepto de “atribución de oportunidades y amenazas políticas” permite fijarse en los incentivos de los “desafiadores” y “sujetos” para ponerse en pie de lucha en diferentes episodios. Este da cuenta de la apertura participativa a nuevos actores, de la reconfiguración de la organización política, de la disponibilidad de aliados y de las rupturas entre los miembros del sistema político. Siguiendo a Tilly y Goldstone (como se cita en Tarrow, 2023, p. 279), “las oportunidades son la probabilidad percibida de que las acciones de protesta social conduzcan al éxito en la consecución de un resultado desea- do”. Las “amenazas” son los costes y riesgos que debe asumir un grupo social al entrar o no en las protestas, por ejemplo, la represión o la capacidad de respuesta por parte de los agentes del gobierno, para presentarse como bloque sólido frente a desafiadores y sujetos. La “atribución” es el proceso activador parcialmente responsable de la protesta (McAdam et al., 2005).
En términos organizativos los conceptos de “organizaciones” y “redes interpersonales” permiten pensar en los vínculos de los desafiadores con los sujetos que los siguen, en la conformación y coordinación de las “organizaciones” que confluyen en las movilizaciones, y en la trayectoria de cada jornada de protestas. Las “organizaciones” hacen referencia a las instancias conformadas por los desafiadores para su representación y lucha política. Las “redes interpersonales” son la estructura más básica de la protesta social. Continuando con Tarrow, facilitan la socialización y la construcción de identidades, ofrecen oportunidades de participación frente a temas concretos y en ocasiones ejercen control sobre los individuos con bajos niveles de compromiso. Lo principal “es que son depositarias de las presiones normativas y los incentivos solidarios” que insuflan y mantienen la acción colectiva contenciosa (Tarrow, 2023, p. 220). Se trata de grupos cuya función no es propiamente la movilización (por ejemplo: las unidades familiares, los círculos de amigos, centros de trabajo o centros de estudio) pero que cumplen un rol relevante en los procesos de conformación y articulación de estructuras organizativas.
En este eje se sugiere la implementación de dos conceptos más para aproximarse a los procesos políticos y comprender el auge y declive de los episodios de movilización: “contienda contenida” y “contienda transgresiva”. La “contienda contenida” o institucional se refiere a los episodios de contienda en los cuales tanto los actores como los medios han sido previamente establecidos. Este aspecto permite establecer una distinción con la protesta social o “contienda transgresiva”, donde al menos algunos de sus promotores “son actores políticos recientemente auto identificados y/o al menos algunas de las partes emplean acciones colectivas innovadoras. Así, es posible “resaltar tanto la transgresión dentro de las instituciones, como las muchas actividades rutinarias de los desafiadores, desde el exterior” (McAdam et al., 2005, p. 8).
En términos de denuncias y reivindicaciones, el concepto de “marcos de la acción colectiva” permite apreciar el modo en que episodios completos de protesta, “sus actores y sus acciones” son dotados de sentido, “gracias a la interacción de los participantes y oponentes, la prensa y otras partes significativas” (Tarrow, 2023, pp. 254, 255). Los “marcos” son esquemas interpretativos que simplifican y condensan el estado de las cosas, en la perspectiva de los desafiadores. En sus procesos de creación, éstos definen un “nosotros” y un “ellos” dentro de la estructura de conflictos y alianzas de la acción colectiva. En palabras de Snow y Benford (2006, p. 125), “por un lado destacan y exageran la gravedad de la injusticia de un problema y, por el otro, redefinen como injusto o inmoral lo que anteriormente era considerado desafortunado, aunque tal vez tolerable”.
No está demás tener presente aquí que los “medios de comunicación” análogos y digitales proporcionan una fuente importante para la creación y difusión de marcos e información. Volviendo a Tarrow (2023, p. 73), a través de “internet, de diversos tipos de redes sociales y de medios de comunicación personales, los individuos y los grupos han adquirido una capacidad de crear noticias que supera con creces la que tienen medios impresos y audiovisuales tradicionales”.
En relación a las acciones disruptivas, el concepto de “innovación de repertorios” permite comprender la forma en que las expresiones novedosas se difunden y se convierten en “repertorios modulares” de protesta (McAdam et al., 2005). Éstos forman parte de la cultura pública de la sociedad y evolucionan como producto de la improvisación y de la lucha. En la opinión de Tarrow (2023, p. 180), ofrecen tres formas básicas de acción colectiva: las “violentas”, que son las más fáciles de iniciar; las “rutinarias”, que se basan en acciones conocidas y aceptadas; y la “alteración del orden establecido” que “rompe con la rutina, sorprende a los observadores y desorienta a las élites, al menos durante un tiempo”.
Ahora bien, en vista de que este enfoque hace énfasis en el carácter racional de la acción y centra los análisis en relaciones estáticas más que dinámicas de la movilización, se sugiere asumir las acciones aludidas como “mecanismos” y los conceptos presentados como “procesos” causales (McAdam et al., 2005; Tarrow, 2023). De esta forma, en procura de una mayor precisión, se optaría por un enfoque relacional que conecte a unos y otros, de la misma manera en que –en la praxisse articulan y complementan para dar vida a la protesta. Los “mecanismos” aluden a una clase de acontecimientos que alteran las relaciones entre conjuntos específicos de elementos de forma idéntica o muy parecida en una variedad de situaciones. Se prioriza así los mecanismos de liderazgo, organización, enmarcado y disrupción. Los “procesos” causales hacen alusión a las secuencias y combinaciones regulares que producen transformaciones similares en dichos elementos. Se examinan entonces: la atribución de oportunidades y amenazas, la movilización de organizaciones y redes interpersonales, la construcción de marcos y la difusión de la contienda e innovación de repertorios de protesta (McAdam et al., 2005; Tarrow, 2023).
Los episodios son susceptibles de abordaje como “ciclos de acción colectiva”, esto es, como “fases de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social” (Tarrow, 2023, p. 342). En esos momentos convergen todos los mecanismos y procesos aludidos, se acelera la interacción entre agentes de gobierno, desafiadores, sujetos y actores políticos externos, y se incrementan las acciones contenciosas.
Finalmente, para privilegiar el análisis de los aspectos culturales de la protesta social, se sugiere introducir en este eje los conceptos “gramáticas movimientistas” y “emociones”. Unas y otras se despliegan en el universo de la cultura, definida como un conjunto –abierto– de creencias y representaciones. Parafraseando a Trom (2008, p. 2), los procesos de la protesta social expresan los motivos de desafiadores y sujetos para actuar articulados, con base en una “gramática específica que confiere un estatuto particular a las llamadas movilizaciones”. En este sentido los vocabularios de protesta se asumen como gramáticas movimientistas, es decir, como el conjunto de reglas o normas para hablar, compartidas por una comunidad o colectivo, que adquieren sentido en espacios de interacción social específicos y que contribuyen en la construcción de los motivos mentados de la acción colectiva.
Las “emociones” se conciben como un sistema evaluativo de situaciones sociales, paralelo, complementario y posiblemente más rápido que la cognición. De acuerdo con Jasper (2012, pp. 47, 48), “están presentes en todas las fases y aspectos de la protesta (...) motivan a los individuos, se generan en la multitud, se expresan retóricamente y dan forma a los objetos manifiestos y latentes” de la acción colectiva; pue- den ser medios, como también fines o las dos; “pueden favorecer o dificultar los esfuerzos de la movilización, las estrategias” y su éxito. Dado que el término abarca numerosas expresiones, se recomienda hacer referencia específicamente a las “emociones re- flejas” y a las “orientaciones afectivas”. La reflejas aluden a las reacciones del entorno físico y social inmediato; “por lo general se manifiestan y se aplacan rápidamente”, ejemplo, la ira, el disgusto o la conmoción. Las afectivas aluden a apegos o aversiones como el amor, la simpatía y la admiración, con sus equivalentes negativos.
A juzgar por los análisis que abordan las protestas y movimientos sociales en el país en las primeras décadas de este siglo (Archila, 2010; 2018; Cruz,
2017a; Delgado, 2013; Medina, 2022), el periodo que antecede al paro nacional de 2021, delimitable entre 2002 y 2020, se destacó por varios hechos que fueron determinantes para la con- secución del mismo. Por ejemplo: el auge y agotamiento del “uribismo”; la profundización de las políticas neoliberales que se venían aplicando desde la década del noventa de la centuria anterior; la firma de los acuerdos de paz entre Estado-FARC en 2016; el incumplimiento de esos acuerdos por parte del primer firmante; o el recrudecimiento de la violencia estatal en el marco de las políticas de seguridad y defensa nacional a partir de 2018.
La literatura que se especializa en el 28A (Cruz 2022; González, 2022; Vega,
2022; Archila y García, 2023; Estrada,
Jiménez y Puello, 2023; Medina, 2023) los alude como elementos explicativos del episodio, e identifica ciertas “transformaciones” en las acciones de las protestas que se precipitaron en ese contexto, en relación con las protestas de los episodios de años anteriores. Pese a ello, las explicaciones que sustentan estos hechos, generalmente, se agotan en la descripción de los sucesos más notorios de la jornada o en el examen de los factores políticoeconómicos que alentaron las movilizaciones. Esto eclipsa otros aspectos explicativos que tienen que ver con los procesos causales que adelantaron los propios actores; ejemplo la producción de las subjetividades emocionales de la movilización. Ahora bien, si se considera que dichas “transformaciones”, en efecto, afloraron en el episodio más visible de un periodo amplio de olas de protestas, se puede aducir que no fueron solo el producto de la crisis económica o de los procesos políticos de la coyuntura. Y que se modelaron, previa y posteriormente a aquel mes de abril, a razón de acontecimientos singulares y procedimientos deliberados que también tuvieron lugar en otros planos como el social o el de la cultura.
Por lo tanto, a propósito de futuras investigaciones, se considera apropia- do preguntar por los procesos causales que han precipitado las acciones de protesta registradas recientemente en el país. Los objetivos pueden girar en torno al análisis de la dimensión social de las movilizaciones de alcance nacional, en el periodo 2002-2021, considerando la atribución de oportunidades por parte de desafiadores y sujetos, al igual que la creación y articulación de organizaciones y redes interpersonales. También en torno al examen de la dimensión cultural atendiendo la creación de marcos interpretativos y la innovación de repertorios. E incluso puede apuntar a la identificación de las gramáticas movimientistas y las emociones, tanto reflejas como afectivas, que se expresaron en cada jornada del periodo.
Gráfico anexo: “Trayectoria de las luchas sociales
en Colombia (1975-2020)” (Archila y García, 2023, p.
72).
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