ARTÍCULO CORTO Recibido:07/10/2024
Aprobado: 31/10/2024
Colombia y Chile: Convergencia de motivaciones,
prácticas
e ideologías en el marco del
estallido social 2019-2021 y
sus proyecciones
Colombia and Chile: Convergence of motivations, practices
and ideologies in the context of
the 2019-2021 social
outburst and its projections
Iván Darío Vinueza
Figueroa
Abogado, Universidad CESMAG
Especialista en
Derecho Comercial, Universidad de Nariño
Egresado programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Nariño
DOI: https://doi.org/10.22267/rceilat.245455.131
Este artículo de investigación presenta los resultados de un estudio realizado en la Maestría en Estudios Latinoamericanos, enfocado en analizar las motivaciones y repercusiones de las manifestaciones en Colombia entre 2019 y 2021, con la in- fluencia del modelo de movilización social chileno y su proyección en un gobierno de izquierda. A través de un enfoque cualitativo y el método hermenéutico, se revisaron documentos y se recopilaron testimonios de organizadores, líderes sindi- cales, periodistas y ciudadanos. Se determinó que el modelo chileno incidió en el colombiano mediante símbolos comunes como: consignas, estribillos, cacerolazos y rechazo a reformas neoliberales, además de la violencia protagonizada por manifestantes y fuerzas militares. Las protestas en ambos países fueron impulsadas por la percepción de que las élites políticas y económicas priorizaban sus privilegios en lugar de atender las necesidades de la población, que aducía encontrarse en precariedad y abandono por parte del Estado. El estallido social, en su desarrollo mostró un tinte violento, y en cuanto a sus logros, Chile destacó la convocatoria para una nueva constitución y el giro a un gobierno de izquierda. En Colombia, el desenlace socioeconómico sigue siendo incierto, a pesar del cambio a un gobierno de izquierda; aunque un gobierno progresista podría abordar demandas sociales, las movilizaciones evidencian que los problemas estructurales como la desigualdad, pobreza y corrupción siguen siendo desafíos persistentes.
Palabras clave: Analogía, Estallido social, Ideología, Izquierda política, Movilización social.
This research article presents
the results of a study conducted within the Master’s in Latin American Studies, focused on analyzing the motivations and repercussions
of the protests in Colombia between 2019 and 2021, influenced by the
Chilean social mobilization model and its projection in a left-wing government.
Through a qualitative approach and
the hermeneutic method, documents were reviewed, and testimonies from organizers,
union leaders, journalists, and citizens were collected. It was determined that
the Chilean model impacted Colombia through common symbols such as slogans,
chants, pot-banging, leaflets, and the rejection of neoliberal reforms, as well
as the violence from both protesters and military forces. The protests in both countries were driven by the perception that political and
economic elites prioritized their privileges over addressing the needs of the
population, which was in precarious conditions and neglected by the state. The
social outburst showed a violent tone, and regarding achievements, Chile high-
lighted the call for a new constitution and the shift to a left-wing
government. In Colombia, the socio-economic outcome remains uncertain despite the
change in government. While a progressive government could address social
demands, the mobilizations show that structural problems
such as inequality, poverty, and corruption
continue to be persistent challenges.
Keywords: Analogy, social outbreak,
ideology, political left, social mobilization.
En Colombia, el día 21 de noviembre del 2019, se presentó un estallido social de grandes proporciones, el cual se originó por la puesta en marcha de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Du- que, que se consideraba nociva para los intereses del pueblo colombiano, favoreciendo exclusivamente al sector empresarial; pero esta no era la única causa, también lo fue un incumplimiento de acuerdos económicos en materia de educación, orientados a una mayor financiación para los planteles educativos del sector oficial; igualmente, se tuvo como causal del estallido los incumplimientos al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. La magnitud de esta movilización social, caracterizada por su matiz altamente violento, fue tal que generó cambios estructurales al interior del Gobierno, y fue un detonante para que el país adoptara un nuevo régimen gubernamental de izquierda. Se trató, entonces, de un fenómeno de impacto que tuvo el influjo del estallido social que se presentó en Chile un mes antes que en Colombia y, a su vez, se convirtió en motivación para que otros países latinoamericanos desarrollaran de forma casi simultánea protestas en sus territorios.
Por su parte, en el caso de Chile, el estallido social que se presentó el 18 de octubre del 2019, tuvo como causas, el incremento del precio de transporte público, concretamente, un alza en el metro de Santiago y un descontento con la democracia neoliberal, rezago de la dictadura de Augusto Pinochet, que profundizó la brecha entre ricos y pobres y desmejoró las condiciones de acceso a la educación superior de la población estudiantil.
Dada la envergadura de esta problemática y sus macro implicaciones, se consideró importante desarrollar un proceso investigativo, cuyo objetivo general es: analizar las motivaciones y repercusiones de las manifestaciones realizadas en Colombia entre 2019 y 2021, teniendo en cuenta la influencia del modelo de movilización social chileno, y su proyección en un gobierno de izquierda.
Los objetivos específicos, con el fin de lograr lo anterior, se formularon de la siguiente manera: conocer la incidencia del modelo chileno en la concepción y organización de las manifestaciones en Colombia; identificar las razones y alcances de las movilizaciones sociales por parte de organiza- dores, líderes sindicales, periodistas y ciudadanía en general; y establecer la situación actual de las movilizaciones públicas en Colombia, en el marco de un gobierno de izquierda.
Las revueltas sociales siempre han estado presentes en el devenir de las naciones, por cuanto es normal que no se satisfaga a toda una comunidad con intereses y condiciones económicas, sociales y políticas diferentes; en especial, estas manifestaciones de inconformismo han caracterizado a los países de América Latina. Particularmente, cabe mencionar como antecedentes a la situación convulsiva presentada en Colombia, en el 2019, un hecho acontecido en el año de 1977, en que la juventud de la época reaccionó de manera contundente en contra de las políticas del gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen. Estas protestas fueron llevadas a cabo en contra de
La creación del impuesto de valorización con el que los ciudadanos debían financiar la construcción de avenidas y la modernización del alumbrado público. La población más desfavorecida asumió la mayor parte del peso de estas medidas y, al mismo tiempo, sintió que estas no mejoraron sus condiciones de vida, por lo que el malestar fue inevitable. (Toro, 2021, párr. 5-7).
En este escenario, se puede identificar una situación económica y social que, comparada con la actual, presenta rasgos muy similares, evidenciándose que en Colombia ha existido una problemática latente para la sociedad que parecía verse como un malestar rezagado o en estado de resignación para la población, pero que de alguna manera iba a despertar de forma casi cataclísmica, dándose las consecuencias generadoras, que presentaron casi igual magnitud a lo acontecido en aquella época, en las que 33 personas perdieron la vida, hubo cerca de 3.000 heridos y miles de detenidos (Pazífico Noticias, 2017).
Igualmente, un antecedente importante a lo acontecido en Colombia en lo que concierne a protestas estudian- tiles fue la encabezada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en noviembre del 2011, en la que miles de personas salieron a protestar pacíficamente para pedirle al gobierno de Juan Manuel Santos y a su ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, que detuvieran la reforma a la Ley 30 de educación superior (Cuevas, 2014). La protesta del año 2011 contó con una amplia cobertura en su realización; “el Comité Operativo de la MANE, reunido el 5 de noviembre, hizo un balance de 31 universidades públicas en paro, la mayoría de las regionales del Sena y 25 universidades privadas sumadas a la protesta” (Cruz, 2012, p. 151).
En cuanto a antecedentes, en el caso chileno se encuentran las manifestaciones de 1957 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que se originaron a raíz del aumento de precios en el transporte público. En cuanto a las reclamaciones estudiantiles, Medellín (2021), menciona un antecedente muy importante dado en la “Revolución Pingüina” del 2006 durante el gobierno de Michelle Bachelet, llamada así por las protestas que encabezaron estudiantes de secundaria de una localidad del centro de Chile, vestidos con su uniforme de chaqueta oscura, camisa blanca y corbata, quienes exigían una educación pública, gratuita y de calidad; una infraestructura adecuada en los plante- les educativos; eliminar la restricción de acceso a descuentos de transporte público; y que se pueda optar por los mejores colegios o universidades, entre otros aspectos que no favorecían a la población estudiantil. Posteriormente, se suscitaron las protestas del año 2011 encabezadas también por estudiantes universitarios debido a las condiciones tan desfavorables de las que era sujeta la población para acceder a la educación, ya que el 25% del sistema educativo era financiado por el Estado; el 75% restante dependía de los aportes de los estudiantes (Smink, 2011). La llegada del cambio con la victoria presidencial de Gabriel Boric, para Medellín (2021) se gestó en el 2006 con la movilización de los ‘pingüinos’ considerando esto como la semilla que brotó.
Centrando la atención en las manifestaciones del año 2019 acontecidas en Chile y Colombia en casi igual periodo de tiempo, se percibe la inspiración que Colombia tuvo en Chile para alzar su voz, infundida por un sentimiento de solidaridad y, especialmente, de identidad frente a las problemáticas presentes en sus territorios que convergen en la desigualdad social. Por otro lado, las dos manifestaciones se presentaron de manera violenta, pues, así como lo sucedido en el metro de Santiago de Chile, también se conocieron otros hechos de marcado matiz violento en la misma ciudad. En ciudades colombianas, como en el caso de Cali, fueron dañadas 86 intersecciones semafóricas: el 18 % de la red (Cruz, 2021); y en Bogotá, intentaron quemar vivos a 10 agentes de policía (Gómez, 2021); lo sucedido a esta escala usual- mente se da con el fin de asegurar que la colectividad sea realmente escucha- da, y así obtener lo exigido a través de sus reclamos en beneficio de la sociedad, esperando un impacto generador de transformación, que puede darse a grandes rasgos, incluso que pueda penetrar los cimientos estructurales del gobierno de una nación, tal como se dio en el contexto del estallido social; para alcanzar estos logros colectivos, los manifestantes asumen los riesgos que esto implica, especialmente a su vida y su integridad física.
Las dos manifestaciones mencionadas se distinguen por la marcada violencia en su desarrollo; al respecto, Flórez (2005) define violencia como la expresión más clara y recurrente de la acción colectiva, como el rostro más visible de la acción colectiva; afirma que la mayoría de la gente tiene una morbosa fascinación por la violencia y siente tanto rechazo como atracción por ella. En este marco, según la autora, para los grupos pequeños la violencia es el tipo de acción colectiva más fácil de iniciar sin incurrir en grandes costes de coordinación y control, además, presenta una menor dificultad a la hora de planear cualquier acción en la organización. Y, son precisamente, los hechos violentos los que tienen gran despliegue en los medios de comunicación.
Por otra parte, un rasgo distintivo de estas manifestaciones es su fuerte componente ideológico de carácter pro-izquierdista, teniendo en cuenta que estas se suscitaron por grandes inconformismos con los regímenes de derecha en Colombia y Chile encabezados por los presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera, respectivamente. El carácter pro-izquierdista quedó evidenciado en expresiones simbólicas, por ejemplo, en Chile, mediante el uso de panfletos, donde se plasmaba el símbolo internacional del partido comunista (el martillo y la hoz); y en Colombia, portando las banderas del M-19 en las movilizaciones.
La investigación se inscribe en el en- foque de investigación cualitativo y utiliza el método hermenéutico; los sujetos de estudio que participaron directamente brindando información, fueron: un líder político, tres líderes sindicales y un periodista; además, se realizó una amplia revisión documental sobre las causas, características, desarrollo y alcances de las manifestaciones, basada en las reflexiones de importantes personas de la vida pública y académica, como: las profesoras de la Universidad de Los Andes, Alhena Caicedo y Laura Quintana, quienes realizan un análisis de lo sucedido en torno a la movilización social
y las distintas posturas frente a ella; el exembajador de Colombia en Chi- le Jorge Mario Eastman, quien aborda el tema constitucional en Chile y el exministro chileno Gonzalo Blumel, quien narra lo acontecido en torno a las manifestaciones, y frente a ello, las alternativas de salida del conflicto por las que se podía optar.
También se tuvo en cuenta los textos de los licenciados en literatura Freya Liv Quintana y Juan Sebastián Rojas, quienes narran con detalle los hechos violentos que sucedieron en Colombia, concretamente en la ciudad de Cali durante las protestas; de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Fernanda Saforcada, y el director y editor de la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, Héctor Fabio Ospina, quienes tocan el tema del contraste económico en nuestros Estados, generador de desigualdad en la población.
Ahora, con respecto al análisis e interpretación de la información, el procedimiento aplicado en esta investigación, partió de un proceso de transcripción de la información obtenida, la cual fue organizada y codificada, para proceder, luego, al análisis integrativo e interpretativo de la información obtenida.
1.
Incidencia
del modelo chileno en la concepción y organización de las manifestaciones en
Colombia
En este acápite, se aborda la realidad de Chile y la de Colombia, resaltando las similitudes entre ambos países, más allá de las formas de protesta; similitudes que reflejan, finalmente, la incidencia que tuvo el estallido social chileno en el colombiano. Las similitudes se basan en las dificulta- des socioeconómicas que enfrentan amplias porciones de la población, consecuencia del modelo económico neoliberal, un legado común de hace décadas en ambas naciones.
En relación con lo acontecido en Chile, este país generó eco en el continente con sus protestas que dieron origen al estallido social, el cual reso- nó en otros países como Colombia, e inspiró a muchos a salir a las calles a manifestarse de manera similar. En el caso colombiano, se adoptaron símbo- los de las protestas chilenas, como el estribillo de la canción El baile de los que sobran de Los Prisioneros, que aún resuena en las contiendas actuales.
“El tema fue compuesto en 1986, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, para expresar el descontento social y cuestionar la desigualdad económica que existía en esos años” (El Comercio, 2020). Además, se adoptaron otras consignas comunes entre ambos países, como: el cacerolazo y el uso de expresiones simbólicas (panfletos y banderas de naturaleza comunista), evidenciándose cómo las manifestaciones compartieron características, al igual que las políticas neoliberales y las problemáticas de desigualdad y dificultades económicas que afectan a gran parte de su población.
En la nación austral, el entorno que dio origen al estallido se dio principal- mente por este hecho:
En Chile la crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del transporte público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente).
(...) A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar “evasiones masivas” en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. (Paúl, 2019, párr. 2-3)
En Colombia, particularmente, el estallido social surgió como una respuesta a las políticas económicas y sociales del gobierno, vistas como discriminatorias y opresivas, especial- mente por los jóvenes; ellos consideran que tales políticas perpetúan la discriminación y la represión, afectándolos en áreas clave. La sociedad en su con- junto expresó su malestar por la falta de oportunidades para los más vulnerables, la corrupción y la violencia que azotan amplias regiones del país.
En cuanto a la naturaleza de las manifestaciones y motivaciones derivadas de las mismas, en entrevista realizada al profesor Henry Santacruz, quien fue presidente de la CUT Nariño y Coordinador del Comité Departamental del Paro Nacional, plantea que la problemática en Colombia que derivó en el estallido social con sus diferentes movilizaciones no era algo en contra del presidente Duque, porque todos los presidentes han estado enfocados en esa misma línea, en especial desde hace aproximadamente 30 años –haciendo alusión al periodo gubernamental de Cesar Gaviria Trujillo– con la política neoliberal, la cual considera que estaba en contra de toda la población, de ahí tuvo lugar la apertura económica, y según él lo expresa, realmente se miraba que todas las cosas estaban en contra de la población, especialmente de las clases menos favorecidas, se privatizaban los servicios públicos, todo lo que tenía que ver con el pueblo se gravaba con impuestos, sumado, además, con los efectos que produjeron los TLC (H. Santacruz, comunicación personal).
Los gobiernos sucesivos, incluido el de Iván Duque, continuaron con una política empresarial presentada como novedosa; sin embargo, esta no contri- buye al desarrollo si se aplica de manera desequilibrada, ignorando a otros sectores. Según Tibocha (2019), en el área de emprendimiento, Duque buscó reducir la carga tributaria para las empresas, proponiendo una baja del 3% en el impuesto a la renta corporativo; esta medida, no obstante, trasladaba la carga fiscal a la población general, especialmente a la clase media, a la que Duque había prometido apoyar durante su campaña.
En Chile, el modelo neoliberal fue implementado durante la dictadura de Pinochet, bajo la influencia de los “Chi- cago Boys”, economistas formados en la Universidad de Chicago y seguidores de Milton Friedman. Según Reuters (2019), estas reformas ayudaron a frenar la inflación heredada del gobierno de Salvador Allende, reduciendo la hiperinflación y el déficit fiscal; sin embargo, este enfoque tuvo un alto costo social, llevando a Chile a una tasa de desempleo del 30% en 1982 y a niveles alarmantes de pobreza (Suárez, 2020). En resumen, las políticas favorecieron a las clases más altas, acentuando la desigualdad económica en el país.
Como resultado de las políticas neoliberales, Chile, junto a México y Colombia, se encuentra entre los países latinoamericanos con peores indicadores de bienestar, en materia de ingresos, desigualdad, tasa de homicidios y educación, según un informe de Emol, el cual indica que, en Chile, el 20% de la población más privilegiada en 2017 ganaba 10,31 veces más que el 20% menos favorecido y en México 10,26 veces más, frente a 5,4 de media en la organización y un mínimo de 3,6 en Eslovenia, República Checa y Eslovaquia (El Mostrador, 2020).
Para el caso colombiano existe gran similitud con el caso chileno, en el ingreso de sus habitantes: en Colombia, la clase alta también ostenta un aproximado de 10 veces más de ganancias que una persona en situación de pobreza, y la disparidad existente entre el porcentaje poblacional entre clase alta, media y baja es de grandes contrastes, siendo la población de clase alta apenas el 1,8% de la población nacional, la clase media el 27%, y la clase baja o personas en condición de vulnerabilidad está en manos del 70% de la población total del país (Guerrero, 2022, párr. 4).
Todo lo anterior esboza un conglomerado causal que finalmente dio lugar a configurar el estallido social. Las manifestaciones en Chile y Colombia reflejan el descontento ciudadano ante la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades; esto incidió a que la población colombiana identifique en el estallido social chileno un modelo im- pactante de reclamaciones y exigencias en contra de un sistema que privilegia a las élites económicas mientras deja a gran parte de la población en condiciones de precariedad.
No se puede negar la indudable similitud entre las características de la protesta en Chile durante el estallido social y las características de lo acontecido en Colombia en cuanto a las expresiones utilizadas en estas manifestaciones y hasta en el uso de la violencia; es así que, una parte de la opinión pública, se refirió al término “chilenización” de la protesta en Colombia, desde el tiempo en que ésta se estaba planeando, por cuanto vieron en la protesta chilena un modelo a imitar; esto deja en evidencia la incidencia del estallido social chileno en el colombiano.
En el contexto de las movilizaciones sociales, es importante destacar que, aunque la juventud haya sido la principal protagonista, buscando algo diferente a las tradicionales luchas de la izquierda comunista por la igualdad social y la justicia económica, no to- dos los jóvenes participaron por igual en estas protestas. En su momento se afirmó lo siguiente:
Se debe tener en cuenta que en el marco del segundo Paro Nacional de principal resonancia ocurrido a partir de abril del 2021, la mayoría de los protagonistas de este paro nacional que ya lleva más de dos meses son jóvenes de los estratos más bajos de la división socioeconómica en la que dividen en Colombia a sus habitantes”. (DANE, como se citó en Quintana y Rojas, 2021, p. 8)
Sin embargo, un aspecto particular de las protestas fue la violencia que afectó a ambos bandos. No se puede culpar solo a los manifestantes, sino también a las Fuerzas Armadas. Duran- te los bloqueos en las principales vías del país, los jóvenes fueron golpeados, mutilados, algunas mujeres abusadas sexualmente por miembros de la fuerza pública, y en los peores casos, asesi- nados o desaparecidos, esto generó indignación en la sociedad colombiana y alertó a organismos internacionales de derechos humanos. De manera simi- lar a lo sucedido en Chile, los hechos convulsivos en Colombia también llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual señaló haber recibido algunas acusaciones concretas sobre:
Presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. (CIDH, 2021, párr. 2)
Al respecto, la Comisión notificó que había recibido “miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación a fin de monitorear y dar respuesta” (CIDH, 2021, párr. 3) a la situación de derechos humanos en Colombia provenientes de diversos sectores de la sociedad civil, incluidos movimientos sociales, estudiantes, académicos, juristas y políticos, especialmente los organizadores de las protestas, como líderes sociales y estudiantiles, quienes denunciaron abusos por parte de las fuerzas armadas durante las manifestaciones.
En ambos países, la violencia y los saqueos durante las protestas generaron preocupación e incertidumbre. Mientras algunos ciudadanos temían por la inestabilidad, otros vieron las manifestaciones como una reacción a la exclusión y precariedad económica. Según el profesor Henry Santacruz, coordinador del Comité Departamental del Paro Nacional, la falta de acuerdos en los diálogos con el gobierno agotó la paciencia de la población y por eso explotó, a pesar de que la convocatoria inicial buscaba una protesta pacífica.
La explosión ciudadana mencionada por el profesor Henry Santacruz derivó en actos de vandalismo y destrucción. A nivel local, diversos columnistas expresaron su opinión en medios como Diario del Sur en Pasto, tal es el caso de Claudia Andrea Zambrano Erazo, quien destacó la contradicción entre la violencia y los objetivos de bienestar para la población que se per- seguían con las protestas, señalando como ejemplo el ataque ocurrido en mayo de 2021 en la Plaza de Nariño, donde a cinco policías les prendieron fuego. Para ella, “las marchas no deben ser una excusa para el caos, pues acciones como saqueos y destrucción solo desvirtúan el clamor de Colombia por la paz” (Diario del Sur, 2021, párr. 5).
En Chile, la percepción que tenía la ciudadanía sobre el estallido social es que estuvo marcada por la represión y la violencia policial encabezada por los carabineros; sin embargo, no se debe atribuir la responsabilidad solamente a ellos, sino también a ciertos actores de la población civil, por cuanto, a pesar de que diversos sectores reconocen que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, también se dieron protestas encabezadas por grupos que utilizaron la violencia, a través de piedras, bombas molotov y elementos contundentes e incendiarios contra carabineros e instalaciones; de acuerdo con información del Estado habría ocurrido 2.500 hechos de este tipo. Al respecto, la CIDH recibió información sobre ataques a espacios de culto católico, evangélico y judío (OEA, 2020).
En Colombia, la percepción de la ciudadanía sobre el estallido social fue diversa: mientras algunos ciudadanos protestaban por cambios políticos y sociales, otros lo veían como una amenaza a la estabilidad. En general, “la población consideró que el gobierno no respondía eficazmente a sus demandas y que la corrupción y la falta de oportunidades eran problemas urgentes a resolver” (Gutiérrez, 2021, p. 215).
De igual manera, frente a la percepción obtenida sobre el desarrollo de las manifestaciones a nivel local, en lo que concierne a marchas que involucran a menores de edad, en el suroccidente colombiano, particularmente en Pasto, esta situación generó controversia. Durante el paro de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el 27 de septiembre de 2020, algunos ciudadanos, como Luis Martínez, ex- presaron su descontento, calificando el paro “como una pérdida de tiempo y señalando que los estudiantes terminaban perjudicados al reponer clases” (Diario del Sur, 2020, párr. 3).
Retomando el contexto del país austral, en relación a las causas que generaron las manifestaciones, en entrevista realizada al periodista chileno César Baeza Hidalgo, director de la iniciativa Por más Periodismo y Libertad de Expresión, y corresponsal en Chile de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), él expresa que el detonante de éstas fue propiciado por una organización de estudiantes de secundaria en Chile, que tenían claramente una pos- tura ideológica más identificada con la izquierda, desatando los disturbios y el incendio al metro de Santiago por su incremento de 30 pesos en el precio del tiquete; al respecto, salió a la luz una icónica frase en medio de las manifestaciones que decía «no son 30 pesos, son 30 años»; se hace alusión con eso, a que 30 años después de haber finalizado la dictadura de Pinochet, las cosas no habían cambiado como se esperaba,
«A pesar del prestigio de Chile de tener
muy buenos índices económicos a nivel latinoamericano, mucha gente no se ha visto acogida por eso, y todavía persisten falencias en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones que hacen parte de una serie de cosas inconclusas en Chile que no se han resuelto y que se arrastran desde la época de la dictadura donde se generó el modelo económico y social que hoy nos rige, se arrastra ese rezago dictatorial claramente identificado con la derecha más extrema, el legado de eso permitió a la gente salir a protestar» (C. Baeza, comunicación personal, 27 de junio, 2024).
En Colombia, el estallido social se originó por la puesta en marcha de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Du- que, que se consideraba nociva para los intereses del pueblo colombiano, favoreciendo exclusivamente al sector empresarial; otras causas fueron: el in- cumplimiento de acuerdos económicos en materia de educación, orientados a una mayor financiación para los planteles educativos del sector oficial; y los incumplimientos al Acuerdo de Paz firmado con las FARC. Particular- mente, la reforma tributaria pretendía la reducción de la carga tributaria a las empresas, específicamente una reducción de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta para ellas, haciendo recaer toda la tributación a las personas naturales, es decir, al pueblo colombiano.
Frente al alcance logrado con las manifestaciones, según el profesor Henry Santacruz, en entrevista, des- tacó que las manifestaciones lograron un gobierno de izquierda, dando paso a un modelo más participativo y orientado al bienestar social. Destacó que, aunque los cambios no pueden darse de inmediato, se ha avanzado hacia un modelo más participativo, donde el diálogo con la ciudadanía y la orientación de las políticas económicas y sociales hacia el bienestar de la población son prioridades (H. Santacruz, comunicación personal, 5 de octubre, 2022).
La profesora Nelfi Castro, del Sindi- cato del Magisterio de Nariño -SIMA- NA-, destacó el papel del factor ideológico en las manifestaciones, señalando que la llegada del primer gobierno de izquierda en Colombia fue impulsada por la unión de los manifestantes, especialmente jóvenes, que vieron en Gustavo Petro la mejor opción para el cambio. Así mismo, sostiene que:
Lograr por primera vez un gobierno de izquierda en Colombia es un sueño, es un sueño realizado, es un sueño cum- plido, obviamente nosotros tenemos muchas expectativas con el gobierno de Petro, tenemos expectativas porque sabemos el talante de persona que es y lo que él es en su Plan de Gobierno, es un Plan de Desarrollo y poco a poco nosotros lo vemos materializado. (N. Castro, comunicación personal, 9 de noviembre, 2022)
Lo anterior señala claramente el marcado tinte ideológico en esas manifestaciones producto de la fuerte polarización que ha vivido Colombia durante los últimos años, lo que ofrece un panorama de querer instaurar una ideología política en concreto más que el logro de derechos tangibles en un país, como si alcanzar estos objetivos para la población estuviera única y exclusivamente en poder de la izquierda política.
En cuanto al país austral, los alcances de sus movilizaciones sociales se evidenciaron en la convocatoria nacional para promulgar una nueva constitución y en el giro a un gobierno de izquierda.
Las movilizaciones continuaron hasta las elecciones que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia en el año 2022, respaldado por quienes buscaban un cambio; sin embargo, el país sigue dividido, con protestas tanto a favor como en contra de su gobierno.
En palabras del Dr. Álvaro Gomezjurado Garzón, concejal del municipio de Pasto por el Partido Conservador, lo único que tal vez ha cambiado ha sido la forma de desplegar estas manifestaciones, puesto que ya no se han pre- sentado hechos violentos, razón por la cual no se han dado actos atribuibles de exceso de autoridad por las autoridades policiales como sí sucedía durante el gobierno del expresidente Du- que (A. Gomezjurado, comunicación personal, 01 de agosto, 2023).
Frente a lo ya expuesto, el profesor Jairo Rosero señala que la diferencia en el manejo de las protestas entre los gobiernos de Duque y Petro radica en la percepción mediática y política. Afirma que, bajo el gobierno de Duque, la protesta fue estigmatizada y criminalizada, especialmente por sectores de derecha y medios de comunicación, mientras que el Estado priorizaba la re- presión en lugar del diálogo (J. Rosero, comunicación personal, 31 de octubre, 2023).
Por otro lado, existen planteamientos exclusivamente referidos a la magnitud o grado de violencia presente en las manifestaciones; en este sentido, el doctor Álvaro Gomezjurado Garzón, afirmó lo siguiente:
Lo que pasa es que no han sido manifestaciones violentas, a diferencia del estallido social de 2019-2021, marcado por violencia y destrucción. Ahora, sí es peligroso el ver como el presidente Petro en su discurso permanente cuando no encuentra en el seno del Congreso el respaldo a sus iniciativas y a sus reformas si promueve a la sociedad civil a salir a la calle, convocarla a las vías, para que bajo presión del pueblo soberano se sucumba desde ese ejercicio democrático en el seno del Congreso para aprobar y sacar avante esas reformas, eso sí es realmente peligroso. (A. Gomezjurado, comunicación personal, 1 de agosto, 2023).
Y como un hecho por destacar de estas manifestaciones se menciona un factor que llama la atención consistente en que “tras la culminación de las jornadas de protesta en contra de las reformas que plantea el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, las marchas fueron elogiadas y catalogadas como pacíficas en las redes sociales” (Semana, 2022, párr. 9); sin embargo, generó controversia la decisión del gobierno de liberar a integrantes de la Primera Línea, previamente condenados por disturbios, y nombrarlos gestores de paz, lo que provocó críticas incluso dentro de la izquierda.
Pero fuera del importante rol que en su momento jugó la Primera Línea en las movilizaciones, las protestas durante el gobierno de Gustavo Petro no solo respondieron a ideologías políticas, sino también a demandas sobre derechos y bienestar social, como explicó un manifestante en Bogotá al diario El Tiempo:
Una de las principales consignas de los manifestantes en todas las ciudades es que era una marcha netamente ciudadana y no fue organizada por partidos políticos. “No somos uribis- tas (...). Esta es una marcha cívica e independiente. No hay ningún líder político que la saque adelante, es el pueblo que se está pronunciando”. (...) Pero estas no son las únicas marchas; miembros del Pacto Histórico preparan una movilización para el 15 de noviembre para ratificar el apoyo al presidente Gustavo Petro. Argumentan que, si hay una parte del país protestando contra las reformas, tiene que haber otra que salga a apoyarlas. (El Tiempo, 2022, párr. 6)
Según un estudio de la firma global de comunicaciones Edelman, citado por Bernal (2024), Colombia atraviesa una fuerte polarización reflejada en manifestaciones constantes a favor y en contra del Gobierno. Lo particular es que, a diferencia de otros momentos, las movilizaciones a favor son convocadas abiertamente por el propio presidente.
Actualmente este escenario de pro- testas continuas en el país, parecieran ser un legado de las manifestaciones bajo el gobierno de Iván Duque. Aun- que ahora son más pacíficas, su persistencia afecta a la población y preocupa a la oposición, que el 1 de julio de 2023 tomó medidas para prevenir futuras alteraciones. Según lo establece Higuera (2023) las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal propusieron un proyecto de ley para restringir las protestas de servidores públicos esenciales, incluyendo trabajadores de TIC, sectores vulnerables y educación.
De igual forma, lo que concierne a las reformas del gobierno de Petro ha generado controversia y movilizaciones. El 7 de junio de 2023, FECODE anunció su apoyo a las reformas, convocando jornadas de protesta junto a diversos sectores sociales y populares. El comunicado literalmente informó lo siguiente:
Llamamos a la prontitud del incremento salarial de los trabajadores estatales ante la inflación y la carencia del costo de vida debido a los rezagos de la pésima gestión del gobierno anterior que hoy todavía sentimos los ciudadanos en nuestros hogares y bolsillos. (Ayala, 2023, pp. 2-3)
El gobierno de Gustavo Petro ha sido distintivo en la historia de Colombia, marcado por ser el primero de izquierda y por su inusual dinamismo en su primer año. Ha enfrentado múltiples controversias, incluyendo el uso del polígrafo, las denuncias del exembajador Benedetti sobre financiamiento ilícito en la campaña y la captura de su hijo Nicolás Petro.
Otro hecho que pudo generar inconvenientes para el gobierno de Gustavo Petro fue el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, quien había lanzado fuertes críticas contra Nicolás Petro, Rafael Correa y la izquierda ecuatoriana.
Más de una semana antes de ser asesinado, Fernando Villavicencio denunció que existían nexos entre Nicolás Petro, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, y la izquierda ecuatoriana. En su denuncia nombró al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa y a Raisa Vulgarin, aspirante a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana. (El Espectador, 2023, párr. 1)
En la denuncia, el candidato hizo especial énfasis en la relación que tiene la investigación que se desarrolla en Colombia con el panorama político en Ecuador. Aparentemente, en un chat entre Nicolás Petro y Day Vásquez [su exesposa] sobre los 200 millones de pesos en efectivo que tenían en su pertenencia, se menciona a Vulgarin como una receptora de una parte del dinero. Los aliados de Petro, según Villavicencio, lo habrían ayudado a movilizar grandes sumas de dinero para ser “blanqueadas”. (El Especta- dor, 2023, párr. 4)
Por otra parte, el 9 de septiembre de 2023 se registraron protestas en Bogotá en conmemoración del 9S, es decir, conmemoración del asesinato del inge- niero Javier Ordóñez, en el CAI de Villa Luz-Bogotá, atribuido a la Policía. El ex candidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Luis Vargas responsabilizó al grupo de la Primera Línea por los disturbios y señaló a Gustavo Bolívar por haberlos apoyado en el Paro Nacional de 2021.
La entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció, responsabilizando a la Primera Línea por los disturbios y dejó un mensaje que tiene un significado profundo para quienes deseen ir más allá de las palabras; dicho mensaje es el siguiente:
«Los promotores y financiadores de la Primera Línea creen que lo que les sir- vió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan. Bogotá repudia y rechaza su matoneo digital y violencia callejera». Claramente se da a entender que se refiere a la campaña presiden- cial del hoy mandatario de izquierda Gustavo Petro, apoyada por integrantes de la Primera Línea, quienes incluso haciendo uso de las vías de hecho se propusieron lograr que él fuera su presidente, más allá de los reclamos por la situación socioeconómica del país en ese momento, que fue lo que adujeron oficialmente como la razón principal para movilizarse
Frente a lo anterior, en el actual gobierno de izquierda, se aprecia como los actos conmemorativos de eventos violentos han dado lugar a nuevas protestas, muchas de ellas también marcadas por la violencia. Esto refleja un patrón repetitivo en el que la pro- testa social se convierte en el principal mecanismo de presión ante problemáticas sociopolíticas, evidenciando la percepción de que los gobiernos solo responden ante manifestaciones de gran impacto.
La adopción de estrategias de movilización social inspiradas en Chile es un factor importante para entender la masividad y organización de las protestas en Colombia. Los líderes sociales, activistas y miembros de sindicatos colombianos encontraron en el modelo chileno una guía inspiradora.
Las consignas, estribillos de canciones, los cacerolazos, los panfletos y banderas y el rechazo explícito a re- formas neoliberales, fueron adoptados por los colombianos; de igual manera, el tinte violento tanto de los manifestantes como de las fuerzas militares demuestran cómo los movimientos sociales en Colombia se vieron influenciados por las prácticas chilenas.
Las razones que motivaron el estallido social tanto en Chile como en Colombia están relacionadas con la percepción de que las elites políticas y económicas estaban más preocupadas por mantener sus privilegios que por atender las necesidades de la población, la cual aducía encontrarse en un estado de precariedad y abandono por parte del Estado.
Como alcances, en cuanto a la magnitud del desarrollo de las manifestaciones, se destaca el nivel marcado de violencia del estallido social en los dos países. En cuanto a los alcances vistos desde los logros obtenidos, en Chile, se destacan la convocatoria a promulgar una nueva constitución y el giro a un gobierno de izquierda; en el caso colombiano, el desenlace en el campo socioeconómico sigue siendo incierto, a pesar del giro a un gobierno de izquierda.
Si bien un gobierno de izquierda podría ofrecer nuevas oportunidades para abordar las demandas sociales, la experiencia evidenció que la llegada de un gobierno progresista no garantiza que las movilizaciones disminuyan; aunque las protestas de 2019-2021 fueron una respuesta al gobierno de derecha de Iván Duque, los problemas estructurales subyacentes como la des- igualdad, la pobreza y la corrupción continúan siendo desafíos persistentes para el país.
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