INTRODUCCIÓN

Adentrándose en el estudio de los Derechos se encuentra de forma implícita el de la autonomía universitaria. Derecho que suscita cuestionamientos y debates cuando de detallar sus alcances se trata. Previo a abordar el tema de autonomía universitaria, planteo un análisis sobre la importancia de los derechos en Colombia, a partir de la Constitución política de 1991.

Abordando luego el tema desde dos puntos de vista, el primero, a través de una exposición de su marco normativo, en segunda instancia, destacando los alcances que la Corte Constitucional a través de su copiosa jurisprudencia le ha otorgado.

Bajo estos criterios, la reflexión se plantea en dos sentidos:
1. Autonomía universitaria entendida como autorregulación filosófica y como auto organización interna.
2. Autonomía universitaria e importancia para el Estado y límites de sujeción que se le han impuesto.

Sobre el particular, sea lo primero manifestar que a partir del año 1991, la historia de los derechos en Colombia dio un giro de 180 grados, ello aconteció con el advenimiento de la Constitución de 1991. El nuevo texto que vino a reemplazar la Constitución más larga y duradera en la historia constitucional colombiana, la de 1886, se llevó a cabo dentro de un proceso de coyuntura y de cambio político gestado como una respuesta a las situaciones de violencia política y social que desde comienzo de los años ochenta se vivió en Colombia, valga recordar que en esa época se presentó una fuerte lucha entre las guerrillas y el Estado, marcada por una evidente influencia de los recursos del narcotráfico, lo que llevó a una gran “descomposición social”, que a su vez desencadenó en una sociedad con pérdida de valores generadores de articulación, y con pocos referentes colectivos en torno a cuales organizarse¹ (Ladrón de Guevara, 2002).

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, fue el evento más representativo de la democracia en Colombia, en la medida que en ella concurrió una gran pluralidad nacional –representantes indígenas, organizaciones religiosas, movimientos guerrilleros, como el M-19, la Unión Patriótica, el Movimiento Quintín Lame–, dicha Asamblea fue precedida de acuerdos de paz con fracciones del movimiento guerrillero; acuerdos que continuaron durante la Asamblea incorporando más representantes a la negociación política² (Restrepo Botero, 1992).

Existieron circunstancias claves que posibilitaron el cambio constitucional, una, el cansancio con la espera de la insurrección armada, propiciado por el colapso de los países del socialismo real, situación que dejó –en principio– sin perspectiva revolucionaria al movimiento guerrillero colombiano, dos, el convencimiento de los narcotraficantes, frente al hecho de haber entendido que no habían logrado doblegar por la vía de la violencia a los representantes políticos del sistema, circunstancia, que los llevó a gestionar y concretar la prohibición constitucional de la extradición³ (Restrepo Botero, 1992).

Debe destacarse que en el curso de la nueva Constitución hubo dos consultas populares, una informal –denominada séptima papeleta– que llevó a su vez a una consulta formal sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, hubo dos decretos de estado de sitio, y dos fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia que le dieron vía libre a la formación de la nueva Constitución. Finalmente, se dieron tres procesos electorales que pretendieron solucionar el problema de la legitimidad –legalidad–, del proceso constituyente que se pretendía engendrar⁴ (Dávila Ladrón de Guevara).

Al adentrarse en el contenido normativo de la Constitución de 1991, se encuentra que desde el artículo primero se estableció un modelo denominado Estado social de derecho⁵ (Quinche Ramírez, 2010), el que repercute en tres pilares fundamentales, a saber:

• El principio de legalidad, según el cual tanto los gobernantes como los ciudadanos nos encontramos en un mismo plano de igualdad y por ende sujetos a un solo marco jurídico, siendo deber del Estado en todas sus ramas, plasmar las regulaciones que han de regir los destinos de la sociedad, con base en ello es posible afirmar que todo lo que no está proscrito por normas previamente establecidas, luego no podrá ser reprochado por ninguna autoridad Estatal.
• El principio de división de poderes, con el que se persigue que cada una de las diferentes competencias que existen dentro del Estado se repartan entre diferentes autoridades, las cuales gozan de plena autonomía para desplegarlas, a su vez, entre cada una de éstas se ejerce un estricto control encaminado a evitar que alguna de ellas adquiera un poder mayoritario o un control superior, lo que conlleva a que entre todas se equilibren de forma armónica.
• El Reconocimiento explícito de los derechos, así como la obligación del Estado de proceder a hacerlos efectivos, de materializarlos.

En relación con el último tópico, resulta trascendental adentrarse el contenido del artículo 2 Constitucional, en tanto dispone de forma abierta, precisa y contundente para qué y por qué se instituyó el Estado colombiano. En efecto, allí se estableció lo siguiente:
i. El Estado colombiano tiene como fines esenciales, entre otros, los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
ii. Asimismo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Adicionalmente, debe dejarse de presente que el nuevo texto constitucional revolucionó la historia de los derechos hasta ahora conocida en Colombia, al establecer a partir de su artículo 4, que sería norma de normas, es decir, que estaría por encima de la ley, y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley de cualquier rango o nivel, la primera siempre primaria, siendo obligación de los funcionarios del Estado y de los jueces la de inaplicar la norma contradictoria.

Del mismo modo, creó la Corte Constitucional confiándole la primordial función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, encargándola de conocer entre otros, de las demandas de inconstitucionalidad –esto es, cuando una norma contraría el contenido de cualquiera de los preceptos de la Constitución–, presentadas por los ciudadanos en contra de los actos reformatorios de la Constitución, y de las leyes, así como de revisar las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (Artículo 241).

Dentro del Título II se establecieron parte de los derechos que en adelante protegerían a todos los ciudadanos dentro del territorio colombiano, así, del artículo 11 al 41, se enlistaron los fundamentales, del 42 al 77, los derechos sociales, económicos y culturales; finalmente, del artículo 78 al 82, los derechos colectivos y del medio ambiente. Importa precisar que todo el conglomerado de derechos antes mencionados corresponde a lo que doctrinal y jurídicamente se conoce como derechos humanos⁶ (Uprimny Yepes, Uprimny Yepes, Parra Vera. 2006).

Pero quizás uno de los cambios más significativos consistió en establecer las acciones o procedimientos a través de los cuales acudiendo ante los jueces de la República, sería posible buscar del Estado e incluso de los particulares, el cumplimiento de todo ese amplio catálogo de derechos. Así, se creó la acción de tutela (Artículo 86) enfocada a buscar la protección de los derechos fundamentales; la acción de cumplimiento que le otorga “a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter”⁷ (Corte Constitucional, C157-98) (Artículo 87); en último término, las acciones populares y de grupo, para la protección de los derechos colectivos y la indemnización de los daños causados a un número plural de personas (Artículo 88).

Conforme a lo anterior, y a modo de conclusión respecto de este capítulo, debe manifestarse que en aplicación del modelo de Estado social de derecho prescrito en la Carta Política de 1991, sin excepción, todas las autoridades que actúen en su nombre y representación, están obligadas a respetar y hacer efectivos cada uno de los derechos que a lo largo y ancho de su texto se Encuentran plasmados, en caso de no hacerlo, los ciudadanos contamos con los mecanismos jurídicos idóneos para demandar ante los jueces su efectivo cumplimiento.

La autonomía universitaria se estableció como un derecho social, económico y cultural en el artículo 69 de la Constitución Política de 1991, su contenido básico se puede desglosar de la siguiente forma: i. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos; ii. Las universidades del Estado deben gozar de un régimen especial, dado por la ley; iii. El Estado está obligado a fortalecer la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo; iv. El Estado debe facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

Entre tanto, su desarrollo legal se dio a través de la Ley 30 de 1992, reconociéndole a la universidades en el artículo 29, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional.

Aunado a lo anterior, en el artículo 57, se determinaron los siguientes parámetros frente a la forma como las universidades estarían organizadas, esto es:
i. Como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo; con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y la facultad de elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden;
ii. Finalmente se determinó que el carácter especial otorgado a las universidades estatales u oficiales, comprendería la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud.

Llegados a este punto, conviene indicar que la Corte Constitucional como máxima guardiana de nuestra Constitución, y por ende como la intérprete más autorizada frente a sus contenidos, a través de sus sentencias le ha dado al derecho en análisis un contenido bastante extenso, que va desde fundamentar su importancia para el Estado colombiano, hasta establecer los límites a los que se encuentra sujeto.

Bajo ese contexto ha determinado que la autonomía universitaria es una garantía institucional que busca legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión asignada a las instituciones públicas y privadas encargadas de la prestación del servicio público de educación superior, orientándose a garantizar la libertad de cátedra e investigación, “evitando que el acceso a la formación académica e ideológica de los educandos pueda verse limitado o influido indebidamente por los órganos políticos del Estado en quienes reposa el ejercicio del poder público”⁸.

La Corte también ha justificado que la autonomía universitaria se erige para garantizarle a la sociedad un espacio libre e independiente “en las áreas del conocimiento, la investigación científica, la tecnología y la creatividad; espacio (...) delimitado tan sólo por el respeto a los principios de equidad, justicia y pluralismo”⁹.

Lo anterior dicho en otras palabras, las instituciones universitarias se erigen como verdaderos centros de pensamiento libres e independientes, en donde están proscritas las imposiciones y/o presiones externas que se encaminen a limitar, entorpecer o impedir bajo cualquier forma el desarrollo pleno de ese cometido.

Todas las justificaciones anteriores llevaron a la Corte a escindir el principio en estudio bajo dos grandes líneas, por un lado, una llamada autorregulación filosófica, que se enmarca en la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, por otro, en la autodeterminación administrativa¹⁰, que se circunscribe a la forma como se organizan internamente los centros universitarios, atendiendo a las premisas que desde el artículo 69 de la Constitución y artículos 29 y 57 de la Ley 30 de 1992, se le han otorgado.

Es preciso indicar que la mentada Corporación judicial al estudiar sistemáticamente la Constitución Nacional, encontró que la autonomía universitaria no es ilimitada, ya que se encuentra sujeta a las siguientes restricciones¹¹:
i. La facultad reconocida al Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación (C.P. art. 67), la que en todo caso debe entenderse como un control limitado que no puede menoscabar su autonomía, a modo de ejemplo se pueden extraer las consideraciones de la Sentencia C-926 de 2005¹², en la que indicó que esa facultad de control se traduce en una labor de supervisión sobre la calidad de la instrucción, el manejo ordenado de la actividad institucional y la observancia de las grandes directrices de la política educativa, sin que ello le permita al Estado ejercer observaciones o registros sobre los nombramientos de docentes, o personal administrativo, y menos aún de examinar las tendencias filosóficas o culturales que animan las actividades educativas o de investigación de los centros universitarios.
ii. La competencia atribuida al legislador para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos (C.P. art. 69);
iii. La facultad de configuración legislativa para expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos (C.P. art. 150- 23). Respecto de estas dos últimas competencias, debe dejarse de presente que el legislador no tiene facultades explícitas ni implícitas para conferir al gobierno la facultad de limitar la autonomía financiera de las universidades, así, por ejemplo, en la sentencia C-507 de 2008¹³, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, explicitó que el legislador y el ejecutivo tienen vedado intervenir en la destinación de las transferencias que se le hacen a las universidades, so pena de vulnerar su autodeterminación.
iv. Aunado a lo expuesto, no puede dejarse de manifestar que la autonomía universitaria “no es soberanía educativa, pues si bien otorga un margen amplio de discrecionalidad a la institución superior, le impide la arbitrariedad”¹⁴. El anterior precepto ha llevado a imponerle uno de los límites más certeros y estudiados a lo largo de las sentencias de la Corte Constitucional; el respeto por el ejercicio de los derechos fundamentales (C.P. arts. 11 y sig.); en este sentido, y a modo de ejemplo se trae a colación la sentencia T-691 de 2012¹⁵, en la que se analizó una acción de tutela interpuesta por un estudiante en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad Tecnológica, al considerar que había sido discriminado por un docente en razón a su etnia.

Allí la Corte sostuvo que la autonomía universitaria es un derecho íntimamente ligado con la libertad de cátedra, no obstante, en casos de discriminación racial que lleva inmersa la vulneración de derechos fundamentales, es obligación de los entes universitarios tomar todas la medidas necesarias a fin de conjurarlos, del mismo modo, determinó que:

Recapitulando, y a modo de conclusiones generales frente a este capítulo, es dable manifestar que la autonomía universitaria es un derecho del que gozan todas las instituciones encargadas de brindar el servicio público de educación superior. Este derecho tiene un doble sentido, por un lado frente a su filosofía y libertad de pensamiento, por otro frente a la forma como han de autogobernarse internamente.

La autonomía universitaria propende por proscribir cualquier tipo de intervenciones o presiones externas que desde el Estado a través de sus diferentes instituciones se pretendan efectuar sobre los entes universitarios, evitando con ello que se coarte de alguna forma cada uno de los pilares fundamentales que componen en esencia el mencionado derecho.

Con todo y lo anterior, la autonomía universitaria no implica en modo alguno un total margen de discrecionalidad o libertad absoluta y desmedida, en tanto es claro que se encuentra sujeta a unos infranqueables límites impuestos desde la misma Constitución Política, y desarrollados por la Corte Constitucional a través de sus prolijas sentencias.